Una pesadilla es la que vive a diario Oswaldo Fortich, un habitante de El Recreo y afectado indirectamente por las construcciones ilegales del denominado ‘clan Quiroz’.
En el 2014, desde que construyeron el edificio Shalom, a pocos metros de su vivienda, esta se deterioró y empezó a agrietarse, situación que empeoró el año pasado cuando un equipo de ingenieros de la Universidad de Cartagena hizo unos estudios de vulnerabilidad a esta estructura construida en contra de las normas urbanísticas. Ahora, tras una orden judicial, es la Universidad Nacional la que está aplicando una segunda evaluación, lo que significa el regreso de vibraciones y más riesgos para su casa.
Según le contó Fortich a El Universal, lo que más ha generado disgusto entre los vecinos del edificio Shalom es que no los han tenido informados de estos estudios, los procesos que hacen los ingenieros y tampoco de las repercusiones que podrían tener en sus viviendas. Además, precisó que desde la Oficina de Gestión del Riesgo no se han acercado a observar las condiciones en las que viven para tomar medidas al respecto, lo que es una de las obligaciones que tiene el Distrito con los afectados.
“Cuando la Universidad de Cartagena empezó a hacer los estudios ni siquiera nos notificaron y en ese momento dejaron quieta a la gente que estaba habitando sus apartamentos (...) Lo que sucedió fue que en ese entonces todo vibraba y ahora nuevamente, tras ponerse en duda el estudio de la Universidad de Cartagena, y con la nueva intervención de la Universidad Nacional, volvieron a traer esa maquinaria pesada, a taladrar y hacer de todo sin importar lo vulnerable que están nuestras casa”, contó Fortich.
Además, manifestó que le envió un escrito a la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres reclamándole por qué esta situación continúa, ya que esta misma dependencia les advirtió de las implicaciones de ser vecinos de un edificio que no tiene planos, no tiene estudios de suelo y se levantó con licencia de construcción falsa, y les encendió alertas por lo expuestos que estaban. “Ellos dijeron que iban a hacer una visita en mi casa para ver el estado de esta; sin embargo, esta nunca se hizo. El compromiso era evacuarnos a nosotros también, pero nos han dejado como colindantes y se hicieron los de la vista gorda, lo que va también en contravía de lo que ordenó una juez en febrero pasado”, agregó.
“Nada les importa”
Fortich contó que conversar con los expertos de la Universidad Nacional fue una tarea bastante compleja, ya que ellos al llegar aseguraron que su misión era evaluar el edificio, más no socializar con los vecinos todo lo que hicieran.
Dijo que la Universidad Nacional lo único que hizo fue repartir unos volantes en los que informaban que empezaban a trabajar en el Shalom, pero que al momento de tener un acercamiento con los ingenieros, ellos aseguraron que tenían una orden judicial, que tenían que aplicar los estudios y que su tarea no era socializar, ni hablar, solo ejecutar.
Sin embargo, ante la insistencia de muchos, lograron una charla con ellos y fue cuando dijeron que iban a producir ruido, que habrían vibraciones y que taladrarían en una profundidad de 15 metros y que estos trabajos demorarían 10 días.
Orden judicial
Por esta situación, Fortich presentó una acción de tutela en contra de Gestión del Riesgo y el pasado 11 de septiembre el Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones “decretó como medida provisional que la Alcaldía suspenda todo tipo de actuaciones en el edificio Shalom para la realización de un informe técnico especializado, toda vez que las excavaciones que se deben realizar pueden ocasionar que el edificio en mención se derrumbe, poniendo en peligro la vida de las personas que habitan el inmueble”, ordenó el juez.
Cabe resaltar que son cuatro las casas vecinas que se ven perjudicadas directamente por esta situación.
Habló Gestión del Riesgo
La directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza, dijo con respecto al fallo que: “Cuando fuimos notificados de esta tutela, como medida cautelar se nos ordenó suspender en el edificio Shalom las inspecciones técnicas que se estaban realizando. No solo estamos en cumplimiento de una acción judicial, sino también es necesario poder conocer cuál es la condición actual de esa edificación y establecer cuáles son las acciones a seguir por parte de la Alcaldía de Cartagena frente a los afectados (...) Si una acción judicial nos suspende lo que estamos ejecutando por otra acción judicial, esto lo que haría es retrasar el proceso y que continúe la zozobra.
“Haremos una respuesta a esta tutela obedeciendo a la defensa que debemos tener desde el Distrito”, dijo.
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