Este martes 12 de junio se conoció que el Juzgado Sexto de Familia ordenó al Ministerio de Ambiente suspender el cierre de 1,1 kilómetros de Playa Blanca, que estaba previsto realizar desde este 15 de junio, y por siete meses, para garantizar el período de anidación de la tortuga carey.
Esto en respuesta a una tutela presentada el pasado 28 de mayo, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, por José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, quien reclamó la vulneración de derechos al debido proceso, a la consulta previa e informada al trabajo y a un mínimo vital.
Miranda López solicitó además que se realizara la consulta previa libre e informada con la comunidad negra del Consejo Comunitario de Playa Blanca”. (Lea aquí: Admiten tutela que busca impedir cierre parcial de Playa Blanca)
En el fallo, la jueza Luz Estela Payares, dejó claro que la suspensión de la Resolución 0774 de 2018 será hasta que se realice la consulta previa a dicha comunidad.
"El Juzgado resuelve tutela el derecho a la consulta previa de la comunidad agrupada en el Consejo Comunitario de Negritudes de Playa Blanca (…) y en consecuencia, se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suspender los efectos de la Resolución 0774 de 2018 hasta tanto no realice el proceso de consulta previa con la comunidad de Playa Blanca – Isla Barú”, dice un aparte del auto admisorio de la tutela.
Este es el fallo
Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, sostuvo en entrevista con El Universal el pasado 31 de mayo que pese a esta tutela insistirá en la implementación de la medida. (Lea aquí: Minambiente insistirá en el cierre de Playa Blanca)
“Enfrentamos una medida, la tutela, que quizá no nos permitirá implementar la medida, pero se seguirá deteriorando Playa Blanca, no sabemos si desaparecerá. No tenemos marcha atrás, vamos a insistir hasta que se implemente la medida”, recalcó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.
Este agregó que no comparte la posición de las personas que se oponen al cierre porque afecta a unas comunidades, pero sin tener en cuenta la contaminación de la playa, ya que es uno de los principales activos naturales de Cartagena.
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