Josefina Cabarcas Narváez dice con convicción que prácticamente nació en La Popa.
Tiene 53 años y asegura que siendo pequeña, sus padres llegaron a una de las partes más altas del cerro y levantaron una casa familiar, en busca de la esquiva estabilidad que les podía ofrecer la pobreza. Y en total contravía de lo que supone la estabilidad –en todo sentido–, Josefina y su familia lograron hacer una vida en una zona de alto riesgo, en medio del monte, los caminos tramposos y todas las incomodidades a las que les tocó acostumbrarse.
Cuenta que heredó el terreno que ocuparon sus papás y hoy sigue viviendo en la zona a la que llaman Loma del Congo, subiendo a La Popa por el barrio Lo Amador. Tuvo cinco hijos y varias decenas de nietos, y todos viven en esa empinada zona, pero en otras casas que construyeron con madera, zinc, plástico y, en algunos afortunados casos, a base de cemento y ladrillos. Ya son más de diez casas las que se asoman en ese lado de La Popa.
“Tenemos luz, porque estamos conectados a un poste. El agua tenemos que comprarla de allá abajo (parte baja de Lo Amador), a mil pesos por cada balde que suban. Cocinamos en leña y desde hace como dos meses estamos pagando la parabólica (televisión por cable). Tenemos un baño (un estrecho cubículo forrado en plástico) y para las necesidades (fisiológicas), nos toca en el monte”, relata con tranquilidad Josefina, mientras la abrazan al menos cinco de sus nietos.
La ocupación al cerro de La Popa históricamente ha avanzado sin descanso, pese a las normas que ordenan impedirla, pero terminan como letra muerta. La tala y quema de árboles en el cerro fue prohibida desde 1973, a través del Decreto 178 de ese año, que lo declaró como zona de utilidad pública, y el Decreto 116 de 1978 lo contempló como reserva ecológica, además de que establece políticas para recuperar, conservar y preservar las aéreas ecológicas localizadas en el perímetro urbano de la ciudad, entre ellas, el cerro.
De acuerdo a estimaciones, por la acción de quienes habitan irregularmente en La Popa, se ha provocado la deforestación de al menos 100 hectáreas de su vegetación, de un total de cerca de 500. Según Javier Jaramillo, alcalde de la Localidad 1, el Distrito avanza en el censo y caracterización de las personas que han invadido el cerro para establecer la población real de la zona. (Ver video #DesdeElDroneEU)
El pasado 29 de julio la alcaldía menor realizó un operativo en el que desmontaron 30 cambuches que se construían cerca a la zona donde están instaladas las antenas de telecomunicación, una de las partes más elevadas de La Popa. Sin embargo, en ese sector eran más de 100 las casas de madera que habían logrado establecerse. Jaramillo explicó que se pactó que las viviendas ya ocupadas quedaran temporalmente en el sitio, pero con el compromiso de no dejar que más personas continuaran invadiendo. “Lo que hicimos fue impedir que se aumentara el número de invasiones, desmontando las casas que apenas se estaban construyendo, y así evitar que haya más asentamientos, sobre todo en ese sector que es de mucho riesgo”, dijo Jaramillo.
“La bendición de Dios” se lee en un muro, indicando que ese es el nombre del sector invadido, aunque cuando a sus habitantes se les menciona la palabra invasión, la rechazan como si se tratara de un insulto del más fuerte calibre. Algunos de quienes están allí insisten en que llegaron a vivir a la zona hace años, tras cuidar un predio que les fue cedido, según su relato. Es la parte más alta del barrio Loma Fresca.
“Hace tres años aquí solo había como 10 casas, pero ya hay 106. Cuando eran menos, venía gente de la Alcaldía a decirnos que nos iban a reubicar porque esto es zona de alto riesgo y nunca quedaron en nada. La culpa de que esto haya crecido es de ellos (Alcaldía) porque no cumplieron”, dijo un hombre mientras reconstruía su rancho. Otros que lo acompañaban justificaron la permanencia de esos asentamientos ilegales afirmando que “gracias a estos” y pese a los prejuicios, la zona dejó de ser insegura en exceso porque aumentó el flujo de personas en el lugar. “Nosotros somos los que cuidamos esto”, contó otro residente de “La bendición de Dios”.
El Alcalde menor indica que muchas de las invasiones que hoy intentan erradicar en La Popa, están en zonas que previamente se habían recuperado a través de distintos operativos desde pasadas administraciones distritales. “La reconvención para estos ocupantes es muy difícil, porque se trata de personas que invaden sitios que ya han sido recuperados. Precisamente estamos con todas las entidades del Distrito estudiando la estrategia para atender la situación porque en La Popa no puede quedar nadie”, señaló.
“Ya tengo más de 16 años viviendo en distintas partes de La Popa y nada que me reubican. Primero vivía arriba y con la lluvia se me cayó la casa, luego ‘paré’ otra más abajo y también se me cayó. Hace siete meses estoy viviendo en una pieza, pago $50 mil mensual”.
En la parte alta del sector Hábitat 89, en el barrio La María, está la pieza de la que habla Sirly Agámez Céspedes. La mujer todavía no llega a los 40 años y ya parió nueve hijos, por lo que una de sus mayores preocupaciones es que el barranco que está a espaldas de esa pieza habitacional se venga abajo durante alguna noche de lluvia, provocando una tragedia que deje huérfanos a sus hijos. Sirly vive con los siete más pequeños, que están entre los 3 y 14 años, mientras los más “grandes”, que no pasan los 16 años, viven en otras piezas vecinas porque ya formaron familia.
Además del daño ambiental que las ocupaciones irregulares le generan al emblemático cerro de La Popa, es bien sabido que esta situación supone un latente riesgo para quienes invaden el lugar.
Recientemente, la Organización Mundial de la Meteorología informó que la probabilidad de que a Colombia llegue el Fenómeno de La Niña –caracterizado por el aumento anormal en las precipitaciones– se redujo a 61 por ciento. No obstante, en caso de que ocurra, se generaría justo en la segunda temporada de lluvias del año en el país: el último trimestre de 2016.
Para el caso de Cartagena, las zonas que más están en riesgo en temporada de lluvias suelen ser corregimientos como Pasacaballos y barrios como El Pozón, El Socorro y San Pedro, además de los sectores invadidos en La Popa, porque los taludes del cerro han sido debilitados.
“En el gobierno del difunto Campo Elías (Terán) vinieron a censarme dizque para reubicarme, pero aún estoy aquí. Creo que ya merezco que me reubiquen antes de que me tape el barranco”, relata Sirly, quien se sustenta vendiendo dulces en las calles y con el apoyo de su marido, que es carretillero.
Insiste en que “ya le toca una casa”, recordando que, supuestamente, siguen existiendo anomalías en el proceso de reubicación de viviendas de parte de la administración distrital y sobre las que parece no haber control.
“Hay gente que le han dado casas en otros lugares, pero dejan las que tenían en las invasiones para alquilarlas o venderlas. Por ejemplo, por aquí hay una casa que al dueño ya lo reubicaron y ahora está vendiéndola por 150 mil pesos”, dice con cierta decepción.
Desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito se indicó que ante la venidera temporada de lluvias se trabaja en un plan de contingencia que establezca medidas preventivas. Para el caso del riesgo en La Popa, se asegura que las principales son los operativos de recuperación de zonas invadidas. Javier Jaramillo señaló que además de la realizada a final de julio, “habíamos iniciado otras diligencias en La Popa, pero no fueron efectivas debido a que la comunidad se oponía o en ocasiones no se lograba por la numerosa presencia de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad”.
Contra el Distrito cursa una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que pide que se definan acciones y recursos para evitar nuevos asentamientos en zonas de alto riesgo en La Popa, con el objetivo de conservar la reserva ecológica.
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