La puñalada que le propinó un vendedor de peto en la pierna derecha a Luís Alberto Mendoza lo mantiene incapacitado desde hace más de 15 días. Fue un miércoles por la tarde en el callejón Araújo en el Centro y no le pasó por inexperto: Luís ya completa cinco años como supervisor de la Gerencia de Espacio Público y, aunque no está disputando una guerra como fuerza armada, esta herida no es la primera que recibe tratando de hacer su trabajo.
Tiene 48 años y su antigüedad en el oficio le ha permitido liderar los operativos de control en el Centro Histórico. Su equipo, conformado por 15 brigadistas, tiene la misión de mantener las zonas peatonales y plazas libres de ventas ambulantes. “La zona más difícil para hacer operativos es el centro, las 17 plazas ubicadas entre las Avenida Venezuela, Avenida Luís Carlos López y Avenida Daniel Lemaitre todo el tiempo son invadidas por ventas de jugos, joyas y frutas de forma ilegal”, relata.
Son las 7:30 de la mañana. Un nuevo operativo los convoca en la plaza del Joe Arroyo. Todos los brigadistas portan su chaleco que los identifica como Espacio Público. Hay vigías de todas las edades, algunos superan los 40 años y otros parecen de 20.
El recorrido inicia con dirección a Puerto Duro, una de las primeras zonas recuperadas para que turistas y locales caminen con tranquilidad. Un vendedor de fritos es sorprendido por los vigías, velozmente se acercan y lo rodean. “Le recuerdo que usted no puede estar aquí”, le dice Luís Mendoza al vendedor, después extenderle un saludo de manos. “Yo tengo derecho a trabajar”, replica el señor, intenta huir, no lo logra.
El vendedor de fritos es retirado del lugar y recibe un acta de amonestación que le recuerda que no debe invadir –otra vez- la zona. Un decreto expedido por la Alcaldía de Cartagena en 2014 establece multas desde los 236.000 pesos para quienes ocupen andenes, plazas, plazoletas, áreas de recreación pública y antejardines; al valor de la multa se le suma el precio del transporte y el bodegaje de la mercancía.
Listo el primer operativo, los funcionarios se acercan a la Avenida Venezuela. Algunos comerciantes que divisan la tropa huyen sobresaltados, al verlos Mendoza comenta que “todos ellos ya fueron indemnizados y además se molestan porque hacemos cumplir la ley”. Mientras sigue caminando se toca una de las tres cicatrices que completa en su mano derecha. “La última cicatriz en la mano me la produjo con su machete una vendedora de pescado en un operativo de desalojo en Bazurto”, recuerda.
Frente a Centro Uno los brigadistas se acercan a un hombre que vende aguacates. Los transeúntes observan y algunos toman lados en la disputa, el lado de los informales: “Pobre señor, déjenlo quieto”, grita una mujer desde lejos; como contraparte un señor le responde que “es necesario que se aplique la ley, no podemos caminar con tanta venta”.
“El peatón nos insulta, creen que somos los malos”, dice Trinidad Grau, la única mujer vigía en el Centro. Su labor es reconocer a los reincidentes y a los nuevos vendedores que llegan a ocupar las calles y plazas. “Muchos me invitan a pelear, me faltan al respeto, me amenazan”, recuerda, mientras sostiene varios "palos selfie” que le retuvo a un hombre en la avenida Venezuela.
Los vigías de espacio público cumplen diferentes horarios y se dividen por grupos teniendo en cuenta el riesgo de la zona: “Cuando nos toca hacer un operativo en playa Blanca somos conscientes que debemos pedir refuerzos ya que es un lugar donde los nativos siempre se arman con palos, garrotes y piedras para defender su territorio”, dice el supervisor.
La jornada de trabajo para estos funcionarios siempre implica un riesgo. La gerente de esta dependencia, Carolina Lenes, recuerda con preocupación el día 29 de junio en que cuatro brigadistas fueron intimidados con arma de fuego por un conductor que desde su vehículo gritaba insultos y amenazaba con disparar a sus hombres que cumplían con un operativo de rutina en cercanías al Centro Comercial Los Ejecutivos.
Durante la diligencia de ese día, personas ajenas a la actividad propiciaron agresiones físicas y verbales al personal de brigadistas.
Al finalizar la ronda de inspección en el Centro Histórico, el grupo de brigadistas se ampara bajo la sombra de un Palito de Caucho, unos beben agua y otros saludan de forma efusiva al “Dandi”, un vendedor parapléjico que cuenta con permiso para trabajar en el sitio. Un total de diez retenciones anota Luis Alberto en el acta que debe presentar al finalizar la tarde.
“Ahorita todos esos vendedores que desalojaron vuelven”, señala desde una esquina Yiris Medina, una vendedora de aguacates que logró cobijarse bajo la confianza legítima. “Lo digo porque yo una vez estuve en el lugar de ellos”.
La Gerente anotó que la cifra oficial que se maneja sobre el número de vendedores informales es de 3.200. Cifra que también arroja el Registro Único de Vendedores (RUV). No obstante, durante este mes se realizará un censo para determinar el número total de personas dedicadas a la venta informal.
Lenes sostuvo que “en una primera etapa se cubrirán zonas ya censadas como el Centro y Bocagrande y se incluirán Manga y Crespo. Posteriormente el censo llegará a sectores como La Plazuela y Terminal de Transportes”.
La funcionaria señaló que ya es hora de modificar la normativa existente y que uno de estas modificaciones debe eliminar el pago de incentivos y procurar la aprobación en el Concejo de políticas de aprovechamiento de lo económico.
“Todo el mundo se aprovecha del espacio público porque lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, así que lo que queremos es empezar a cobrar a todo el que use el espacio público, tanto formales como informales. No vamos a avalar las ocupaciones indebidas. Lo que es indebido es indebido y hay que acabarlo, pero sí podemos lograr que todos los que están ocupando el espacio público y vienen siendo reconocidos por el Distrito, paguen”, dijo.
Existen 60 brigadistas de Espacio Público; según la Gerencia, lo ideal sería contar entre 400 y 500 brigadistas para controlar la ocupación informal no solo en el Centro Histórico sino en toda la ciudad.
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