Superar la estigmatización de la sociedad y de las empresas privadas a la hora de brindarles una oportunidad a las personas en proceso de reconciliación, es uno de los grandes retos que afronta la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
En entrevista con El Universal, Joshua Shuajo Mitrotti Ventura, director de la ACR, habló de los desafíos que deben enfrentar quienes abandonan las filas de grupos al margen de la ley en busca de un nuevo destino.
¿Cuáles son las barreras que afectan a estas personas?
Ellos sufren muchas dificultades porque tienen una estigmatización enorme. Grandes desafíos en vivienda, su incorporación al sistema financiero, pero están convencidos y decididos de que para atrás ni para coger impulso. Es difícil que la sociedad acepte que las personas se equivocan y que a pesar de haberse equivocado quieren hacer un nuevo camino, un nuevo destino (…) Nos piden, nos sugieren y nos suplican que como sociedad o institución les ayudemos a romper esas barreras, a pasar esos muros, a nadar en contra de la corriente de un país que a veces se ha acostumbrado a la guerra, a la violencia, a excluir al otro. La política de reintegración lo que trata de hacer es romper con ese imaginario, pero siempre con la premisa de sanador y garrote.
¿Cómo se aplica esa premisa?
Sanador y solidaridad con las personas que están comprometidas, que quieren comprar su destino, construir una sociedad y democracia más fuerte. Garrote con aquel que se equivoca y todavía cree que la ilegalidad es un destino o puede ser un proyecto de vida. Por ejemplo, expulsamos a personas que incumplen con la ruta, y si tenemos información de que hay algún tipo de reincidencia o algún hecho delincuencial, la coordinamos con las entidades competentes porque uno que se porte mal los estigmatiza a todos.
¿Cuántos empleos está generando el sector privado para las personas en proceso de reintegración?
En empleo tenemos unas 150 grandes empresas que están generando más o menos 1.500 empleos formales a la población en proceso de reintegración, pero en Colombia 9.500 personas que se han desmovilizado tienen empleo formal, es decir, que 8.000 empleos son generados por la pequeña y mediana industria en los barrios, y son empleos absolutamente formales. En total tenemos 24.500 empleos, de los cuales 9.500 son formales. El desafío es cómo formalizar ese pedazo del empleo informal, que no es ilegal, pero la empleabilidad no es lo único que le pedimos al sector privado, porque si solo fuera eso sería fácil, es también un cambio de chip en ellos.
¿Cómo se refleja esta empleabilidad en la ciudad?
Casi el 70% de las personas están trabajando. Acá el resultado de la informalidad es muy alto, casi el 80% de ellos están en la informalidad y el 20% en la formalidad. Es un desafío en Cartagena vincular más al empresariado, a los industriales, a los gremios y a los sectores productivos. Es un desafío poder demostrarles que esta es una política que tiene resultados, que hay avances, que tenemos un producto final para mostrar que está haciendo todo el esfuerzo por dejar atrás todos los temas de ilegalidad en circuitos de violencia.
¿Qué invitación le haría al sector privado?
Llevamos más de 12 años en esta ciudad trabajando con comunidades, universidades, gremios, empresas, y lo que invito inicialmente a todos los empresarios es a acercarse a la política de reintegración y conocerla, a que le pierdan el miedo (...) una vez ellos se aproximen al programa, podemos diseñar varios mecanismos que aplicamos a lo largo y ancho del territorio nacional, para que, de acuerdo a sus necesidades e intereses, puedan mirar cuál es el mejor mecanismo para vincularse y apoyar a las personas que están haciendo un esfuerzo por dejar de lado la violencia y la ilegalidad. Si tenemos que diseñar un nuevo mecanismo en particular para los empresarios de este departamento, estamos abiertos a hacerlo, siempre y cuando nos sirva y les sirva a la población en proceso de reintegración, a las comunidades receptoras, a la institucionalidad, a los contextos, para romper por siempre la violencia.
¿Cuántas personas se han vinculado al programa de reintegración en Cartagena?
Cartagena alcanzó a tener casi 700 personas activas en el proceso, de las cuales hoy podemos decir que unas 240 lo culminaron. Esta es la primera política pública de superación de condiciones de vulnerabilidad que permite la culminación, es decir, que no toda la vida van a estar dependiendo de nuestro apoyo y atención. Pueden contar con nosotros cuando lo necesiten, pero este programa no es asistencialista. Es un programa de un periodo de hasta por 6,5 años, implementado desde 2011, que busca que personas analfabetas, que vienen con traumas y rasgos psicológicos complejos, se vuelvan útiles para la sociedad. De aquí a final de año debemos graduar a otras 105 personas que culminan.
¿Alguna experiencia positiva que resaltar?
Hay un proyecto precioso que hemos desarrollado de la mano con Coltabaco, Fenalco Barranquilla y Postobón, que son minimarkets, en donde tres personas en proceso de reintegración fueron seleccionadas, a partir de habilidades y competencias desarrolladas, y montaron en conjunto una tienda de barrio que lleva tres meses en Membrillal. Ellos durante los dos primeros años van comprando el negocio, no se les regala. Además Coltabaco y los otros socios les pusieron un administrador que acompañará durante un tiempo esta unidad productiva para ayudar a que estas tres personas, en este caso dos hombres de las AUC y una mujer de las Farc, tengan buenas relaciones interpersonales y entiendan que este es un proyecto de largo plazo. Tenemos tres minimarkets funcionando en la Costa desde hace tres o cinco años. Esta estrategia es un ejemplo de cosas que funcionan.
Según las cifras de la Agencia, ¿cuántos desmovilizados recaen en la ilegalidad?
Esta política de reintegración ha recibido en el desarme y la desmoralización a 57 mil personas, de esas, 47 mil ingresaron de forma voluntaria al proceso, y sobre ese número establecemos que un porcentaje mayoritario, más o menos un 76% de las personas, están comprometidas a nunca más volver a ciclos de ilegalidad, ni de violencia; mientras que un 24% ha reincidido o está en riesgo de hacerlo. Esto tiene que ver con muchos factores y unas reglas de juego formales o informales que excluyen a esta población (…) si se bloquea esa posibilidad de reintegración económica o social, estos muchachos piensan nuevamente en la ilegalidad, y ahí hay una responsabilidad de la sociedad enorme de cómo empezamos a generar medidas de transición para recibir de forma definitiva a estos miles de colombianos que se están esforzando por cambiar un pasado y construir un futuro distinto.
EN UN EVENTUAL ESCENARIO DE POSCONFLICTO
El Director de la ACR aseguró que “en un eventual escenario de posconflicto, somos conscientes de que tenemos unos aprendizajes, una capacidad institucional y humana enorme. La Agencia está en 850 municipios y 32 departamentos del país, y tenemos un trabajo estructurado y articulado con las gobernaciones y los departamentos en 147 lugares con el Plan de Desarrollo, pero además hay 105 entidades locales con las que trabajamos sin que esté la política de reintegración inmersa en su Plan de Desarrollo, porque ellos han visto la necesidad de aunar esfuerzos y apoyarla”.
Anotó que “sin duda en La Habana estamos buscando una salida negociada, un acuerdo político para ponerle término al conflicto. No estamos negociando la rendición de las Farc, y eso es muy importante que se entienda. Este tendrá que ser un mecanismo en donde la sociedad, el Estado y las Farc se pongan de acuerdo en unas condiciones que den garantías para el Estado y la sociedad, pero también para las Farc. En ese marco, desde la Agencia somos conscientes que lo que hemos hecho es muy importante, pero que todavía hay unos desafíos en la política pública, temas que nos faltan abordar de forma estructurada y responsable en el largo plazo”.
Mitrotti recalcó que “eso implica que en el acuerdo que van a suscribir y que están discutiendo la delegación de las Farc y el equipo del gobierno nacional, se examinen los temas del desarme, la desmovilización y la reintegración, o como los vayan a llamar ellos, y ahí nosotros desde la Agencia no ponemos límites (...) Somos conscientes de que tendremos la obligación ética, moral y ciudadana de implementar lo que se pacte, para asegurar que el acuerdo sea efectivo en romper ciclos de violencia”.
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