El periodo de la junta directiva del Consejo Comunitario de La Boquilla se terminó el 31 de diciembre de 2013 y, hasta la fecha, no se han elegido a los nuevos representantes de ese corregimiento.
Esto ha implicado una división que parece incrementarse con el pasar de los días y que enfrenta a algunos sectores de la comunidad.
Dicha división se originó desde que se inició el proceso de titulación colectiva, que le fue entregada a esa población en abril de 2012, en un acto que presidieron los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama. (Lea: Obama le cumplió la cita a palenqueros y boquilleros)
En ese entonces, los opositores señalaron que los títulos significaban la pérdida del derecho a la propiedad privada, mientras los promotores argumentaron que estos protegerían las tierras de la comunidad afro frente a proyectos turísticos e inmobiliarios en ese territorio.
Para lograr la titulación colectiva, la comunidad creó el Consejo Comunitario, que es el encargado de administrar las tierras. Debido a las divergencias, un alto porcentaje de la comunidad se negó a participar en los títulos colectivos.
ELECCIONES
Las divisiones por los títulos se incrementaron en diciembre, cuando se debían realizar las elecciones de una nueva junta directiva.
Dichas elecciones fueron convocadas para las 6 de la tarde del sábado 21 de diciembre, en el estadio de sóftbol de La Boquilla. Previo a los sufragios, el presidente del Consejo, Benjamín Luna, emitió un comunicado en el que señaló que solo las personas inscritas a la titulación colectiva -las inscripciones fueron realizadas por Incoder- podrían votar o postular su candidatura a un puesto en la junta.
Esto generó una dura reacción de los nativos no inscritos en la titulación, quienes denunciaron que con esa medida se violaba el concepto constitucional que les permite a los miembros de una comunidad elegir y ser elegidos.
Por lo tanto, parte de la población evitó, con desmanes y riñas, que se cumpliera la jornada electoral que terminó con la quema de las actas de votación.
“Él (Benjamín Luna) quería reelegirse, pero citó un día no adecuado para hacerlo. Yo denuncié eso ante la Secretaría del Interior y el Ministerio del Interior porque esas elecciones fueron convocadas en medio de un montón de picós y la gente estaba ya en estado de embriaguez. Eso fue un desorden”, anotó el abogado Juan Carlos Cárcamo, quien aseguró que, además, demandó la titulación colectiva porque estas “son un derecho que le da la ley 70 de 1993 a las comunidades afrodescendientes, pero deben entregarse solo a territorios rurales y no a urbanos como La Boquilla”.
El error en la selección de la fecha fue reconocido incluso por el mismo Benjamín Luna, quien dijo: “Reconozco y acepto que ese día hubo unos problemas logísticos, en el sonido, en el orden de la gente, en todo. Se eligió un sábado porque en la semana y el domingo la gente está trabajando, y ese lugar (el estadio), porque es el sitio que más gente puede aglomerar”.
Tras el incidente, algunos ciudadanos instauraron una tutela para que se les otorgara el derecho a hacer parte de las votaciones, así no estuvieran inscritos en los títulos colectivos que, según Cárcamo, equivalen a más del 50 % de la comunidad.
“Hay que precisar que ningún consejo comunitario está por encima de la Constitución y la Ley, por lo tanto, no pueden establecer impedimentos que no establece ni la Ley 70 de 1993 -Ley de negritudes- ni el Decreto 1745 de 1995 (que adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras). Mucho menos prohibir que la comunidad ejerza su derecho fundamental constitucional de elegir y ser elegido, cualquier norma o resolución de cualquier autoridad que viole la Constitución es ilegal e inconstitucional”, explicó el abogado.
“Los requisitos que establece el artículo 10 del Decreto 1745 es que para ser elegidos en la junta directiva se debe pertenecer a la comunidad, ser nativo del territorio reconocido por esa, registrado en el censo interno o tener residencia por mínimo 10 años, no estar desempeñando cargos públicos, ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio y las que decidan los reglamentos internos que no sean contrarias a la Constitución y la Ley”, añadió.
Sin embargo, Benjamín Luna aseguró que la tutela fue fallada a su favor, por lo que se mantuvo en que solo pueden participar los inscritos en el título colectivo. “Pero una ciudadana impugnó la decisión del juez y ahora toca esperar que en segunda instancia se confirme o derogue esa decisión”, dijo Luna.
“Hay gente que dice que yo no quiero convocar las nuevas elecciones, pero es que hasta que no salga la resolución no puedo hacerlo y no se puede elegir una nueva junta”, apuntó.
La demora en la decisión judicial y el retraso de la convocatoria para las elecciones ha provocado protestas como el bloqueo a la Vía del Mar, el 4 de febrero pasado, en el que, además, parte de la comunidad reclamó por una consulta previa de la doble calzada. (Lea también: Habitantes de La Boquilla protestaron por dos inconformismos).
LA JUNTA
Mientras las dos partes esperan una resolución, la polémica se centra en si los miembros de la junta directiva, cuyo periodo finalizó el 31 de diciembre, pueden continuar dirigiendo el Consejo.
Para Juan Carlos Cárcamo, cualquier decisión que tome la junta es ineficaz y no tiene sustento jurídico porque el periodo finalizó. Pero para Benjamín Luna, el Consejo no puede quedar solo y él debe continuar en el cargo hasta que haga entrega a una nueva junta directiva.
“Yo les digo que si creen que yo no debo firmar, gestionar o hacer nada, porque no estoy como presidente y que todo lo que he hecho es ilegal, que me demanden y en ese caso sería un juez de la república el que aclararía si es legal o ilegal... Hay un estamento judicial en el país para solucionar esas controversias”, retó Luna.
IMPLICACIONES
La lucha entre la junta del Consejo Comunitario y sus opositores se trasladó, incluso, a los proyectos que se adelantan en la comunidad.
Por un lado, una parte de La Boquilla está en contra de la sentencia de tutela T-376, ganada por Benjamín Luna, y con la que se declaró nula la concesión de playas que la Dimar le dio al Hotel Las Américas. Esto obligó al desalojo de las playas ocupadas por el hotel y al cierre de varios quioscos, que según algunas personas, era la fuente de trabajo para muchas familias. (Lea también: Esta semana se restituiría playa en La Boquilla tras ratificación de sentencia).
“La Corte ordenó que se haga una nueva concesión con consulta previa, pero como no hay junta directiva vigente no se puede hacer. El cierre de los quioscos y el desalojo afecta la competitividad del turismo en Cartagena y sin la concesión hay más de 120 familias que ahora están sin trabajo”, dice Cárcamo, quien es el abogado de las familias afectadas.
Por otro lado, Benjamín Luna asegura que, lejos de perjudicar a los nativos de La Boquilla, el desalojo de las playas les permite usarlas libremente, organizarse para prestar servicios y generar empleo.
Asegura que personas del Hotel Las Américas están “manipulando a vendedoras y masajistas para que denuncien que yo les quité la fuente de trabajo, cuando es todo lo contrario, porque nosotros podemos organizarnos para prestar un servicio y ya no dependiendo del hotel”.
Otro punto que divide a la comunidad es el de la doble calzada de la Vía del Mar. Una parte, la que habita la margen derecha de la carretera -en donde residen nativos y ajenos-, reclama una indemnización en dinero para abandonar los predios por donde se construirá la vía.
Sin embargo, Benjamín Luna dice que no está de acuerdo con una indemnización porque se trata de una “invasión de parte de la comunidad y del centro de convenciones de Las Américas sobre el mangle, que es un bien de la Nación y no hace parte del título colectivo. Esa invasión, además, es un delito por destrucción del medio ambiente y no se puede indemnizar a quien comete un delito”.
“Lo que yo propongo es que se reubiquen a los boquilleros que tienen confianza legítima, comprando lotes baldíos en La Boquilla. A los que no son nativos, con los programas de vivienda de interés social en otras partes de la ciudad”, propuso Luna, añadiendo que no se reunirán con el consorcio Vía al Mar para consulta previa, debido a divergencias en el diseño que se debe usar al construir la carretera.
SECRETARÍA DEL INTERIOR
Por toda la polémica que se ha suscitado por las elecciones de la junta directiva, el abogado Juan Carlos Cárcamo solicitó a la Secretaría del Interior que acompañe el proceso, agilice la convocatoria electiva y garantice transparencia en la jornada.
La secretaria del Interior, María Elena Vélez, confirmó que harán tal acompañamiento y dijo que ya hicieron una reunión con la comunidad de La Boquilla, a la que asistió el Ministerio del Interior. En la reunión se les explicó que se tendrá que hacer un nuevo censo, distinto al que hizo Incoder para los títulos colectivos, para que todos los nativos puedan hacer parte de la votación.
“En la reunión se cuestionó sobre el censo válido para votar y ahí se dejó claro que todas las personas nativas de La Boquilla y quienes tienen más de 10 años de estar viviendo allá están actas para votar, según el decreto 1745”, explicó.
La funcionaria dijo que una vez se realice el censo, la comunidad tendría que ponerse de acuerdo para convocar a las elecciones. Nosotros como parte del Distrito solo podemos hacer veeduría y facilitarles el proceso y es la asamblea general del Consejo Comunitario la que debe convocar la jornada electoral.
La disputa está sobre la mesa y los boquilleros están a la espera de que se aclare la situación y La Boquilla pueda elegir un nuevo presidente para su Consejo Comunitario.
Comentarios ()