“En estos días donde la tecnología parece ser la reina del mundo, resulta inconcebible que todavía se tenga que andar escaneando recibos para mandarlos por correo a las entidades oficiales para que éstas se den cuenta que ya se les pagó lo adeudado”.
Con esas palabras expresa una propietaria de un vehículo la impotencia que dice sentir con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit.
Dice que su drama comenzó cuando en el municipio de Arjona instalaron la cámara para fotomultas, en aquellos días en que la vía no estaba señalizada, lo cual ocasionó cuantiosas sanciones a los cientos de conductores que transitan por esa parte de la Troncal de Occidente y que este diario informó en su momento.
Desde el mes de julio, a su casa llegó la comunicación, por correo certificado, de las cuatro fotomultas consignadas a su nombre. A sabiendas de que el usuario nunca tendrá la razón, por muchos conceptos jurídicos que haya sobre la materia, las sanciones fueron canceladas (el 9 de julio), en la oficina de Davivienda, en la sede del Datt, en Marbella.
Sin embargo, y pese a toda la tecnología existente, dice la mujer, dos de los pagos aún no se reporta al Simit, pese a que las copias de los recibos se enviaron a una dirección de correo suministrada por la Oficina del Tránsito de Arjona, cuya cuenta es manejada por un fiducia que tiene las oficinas en Barranquilla, con tecnología, allí sí, para indicarle al usuario cómo tramitar su pago.
“Yo no concibo que a pesar de tantos programas y tanta tecnología, como la usada para las famosas fotomultas, todavía el usuario tenga que andar escaneando recibos y mandando correos para decirles a esas autoridades: señores, ya les pagué. ¿Por qué así como se dan cuenta que uno pasó a una velocidad diferente a la estipulada, no se dan cuenta que ya el usuario canceló las multas? ¿Dónde está la sistematización de esas empresas? Ahora me tienen detenido un negocio porque me aparecen multas ya canceladas. Y lo peor es que para comunicarse con la empresa que maneja ese negocio es misión imposible.
“Yo me pregunto: ¿dónde están los derechos de los usuarios? Solo me falta gritar como el Chapulín Colorado: ahora quién podrá defenderme”, dice la mujer.
Fotomultas y Consejo de Estado
Añadió, además, que a raíz del negocio hasta ahora truncado, ingresó a la página web del Simit y se encontró con otra multa, esta vez de Puerto Colombia, de junio pasado.
“Esa multa nunca me la notificaron, y como sé que el Consejo de Estado determinó que las fotomultas deben ser notificadas personalmente a los infractores, pues las páginas de Internet de las autoridades de tránsito no son un medio adecuado de notificación, llamé y me dijeron que tengo que pasar un derecho de petición y someterme a los términos de ley. Total, esa es otra multa que tengo que pagar, escanear el recibo, mandarlo por correo electrónico y esperar a ver si algún empleado de la oficina de tránsito de Puerto Colombia mira el recibo y le provoca sacarme del sistema. Ahí es donde dice uno que todas las leyes que buscan acabar con la tramitomanía en este país no son sino letra muerta”, añadió la mujer, que pidió la reserva del nombre.
En efecto, en enero del presente año, ese alto tribunal señaló que el registro de las faltas de tránsito por esta vía (sitios web) en el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito (SIMIT) no es suficiente, pues pueden pasar años antes de la persona sepa de la multa.
En ese sentido, el Consejo de Estado recordó que la norma obliga notificar por correo la infracción cometida por los ciudadanos y que es identificada por medio de cámaras.
Pero tal como lo cuenta la usuaria, mientras se pasa un derecho de petición aduciendo que la infracción no fue notificada, cualquier negocio relacionado con vehiculos puede fracasar. "Por eso no hay más remedio que pagar".
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