Tras los últimos resultados del Observatorio de la Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente del gremio, llegó a la conclusión de que dos millonarios contratos adjudicados el año pasado en Cartagena, que sumados superan los $140.000 millones, habrían violado la ley al ser fragmentados y adjudicados de forma dudosa.
"El contrato LP001 encaminado a construir, rehabilitar y darle mantenimiento a la malla vial urbana del Distrito de Cartagena por un monto de $80.000 millones. El contrato fue fragmentado en cinco partes y a la postre fue adjudicado a igual número de oferentes: Consorcio Caribe Norte, el consorcio Vial Urbano, el Consocio Pavicar, el Consorcio Industria y Bahía y el Consorcio Vías de Cartagena”. explicó Caicedo, con respecto al primer contrato y sus irregularidades.
A juicio del presidente del gremio, esta práctica abre serios interrogantes sobre los criterios de selección objetiva y que evidencia cómo unos pocos oferentes se hacen a un mismo contrato, previamente fragmentado.
Con respecto al segundo contrato, por un valor de $57.616 millones, argumentó que "el objeto contractual era diseñar y construir instituciones educativas oficiales de Cartagena. Al igual que el episodio mencionado anteriormente, este contrato fue fraccionado en tres porciones y sus adjudicatarios curiosamente resultaron siendo tres consorcios: Instituciones Educativas 2014, Consorcio Mejoramiento Educativo y Consorcio IE".
En este caso, llama la atención el hecho que los consorcios en mención están constituidos por las mismas firmas de ingeniería. Un hecho que a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio es abiertamente ilegal.
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