El director de la Escuela de Gobierno del Distrito, Bernardo Romero Parra, recordó a la dirigencia comunal de Cartagena que, en caso de una calamidad, no tiene necesidad de estar organizando teletones ni ningún tipo de colectas.
El funcionario se refirió específicamente al evento que se organizó la semana pasada en la Alcaldía Menor de la Localidad 3, con el fin de recoger fondos conque solventar los gastos médicos del líder comunal Manuel Palmieri, quien se encuentra en grave estado de salud.
Al respecto, señaló que existen herramientas legales que les permiten a las asociaciones y juntas de acción comunal contratar con el Estado, generar ingresos y crear fondos de solidaridad con los cuales cubrir los gastos que se presenten durante alguna adversidad.
El funcionario afirmó que una de las prioridades de las organizaciones comunales debe ser la generación de ingresos, que les permitan a las juntas estar preparadas para cumplir la Ley 743 de 2002, que ordena que ellas puedan contratar con entidades estatales.
Explicó que, en Cartagena, la Ley 1617 ordena que los Fondos de Desarrollo Local sean manejados directamente por los alcaldes locales y que esos mismos fondos sean nutridos, por lo menos, con el 10% de los ingresos de libre destinación.
Al respecto, dijo que, en la capital de Bolívar, se apropiaron para 2014, aproximadamente, 34 mil millones de pesos entre las tres localidades, “por lo cual la tarea de las organizaciones comunales debe ser preparar las juntas para presentar proyectos que sean contratados por esos fondos de desarrollo local. De esa manera, podrían estar en capacidad de crear fondos de solidaridad para auxiliarse ellos mismos, en caso de alguna emergencia. Es la única alternativa que tienen, porque la Ley no permite que se creen impuestos o contribuciones para las juntas comunales”.
Agregó que “todas las personas que trabajan el interior de las juntas comunales podrían obtener sus sueldos de acuerdo con la labor que ejecuten en cada proyecto”.
Recordó que las herramientas legales para contratación existen desde mucho atrás con la Ley 11 de 1986; y que, incluso, en 2002, durante el gobierno del entonces alcalde Carlos Díaz Redondo, se destinó parte de los dineros del Fondo de Desarrollo Local para que las juntas comunales contrataran, “pero estas no estaban preparadas para eso”.
No hay voluntad política
José Ramírez, presidente de la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad 1, sostuvo que, en efecto, la Ley 1551 permite hacer convenios solidarios con entidades públicas, “pero una cosa es lo que dice la Ley y otra la voluntad política por parte de los directores de esos despachos para contratar con nosotros. Hace poco, la única entidad que facilitó esa gracia fue el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), pero ningún otro”.
En ese mismo sentido se pronunció Mario Batista, presidente de Asojac Localidad 3, quien manifestó que “todas esas bondades que contienen las leyes son reales, pero dependen de la voluntad de los gobernantes. Hace un tiempo se nos presentó un caso con la Secretaría de Participación Ciudadana, donde nos dijeron que ellos no podían celebrar el cumpleaños de las JAC y lo hicieron con un operador externo”.
Dijo, además, que “ojalá se organizara una gran mesa de trabajo donde el Distrito haga una apertura respecto a nosotros y nos permita contratar, como lo establece la Ley”.
Ismael Salinas, presidente de Asojac Localidad 2, añadió que “esas herramientas legales pueden brindarnos todas las posibilidades de contratar con el Estado y generar nuestros propios recursos, pero si los despachos públicos no están dispuestos a acompañarnos en que las normas se cumplan, es lo mismo que nada”.
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