Luego de que por años se intentara clarificar los terrenos en la isla de Tierrabomba, en la zona insular de Cartagena, por fin quedó surtido ese proceso establecido en la Resolución 04102 del 5 de agosto de 2015 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así lo dio a conocer el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, quien aseguró que ya se delimitaron qué predios son de propiedad privada, cuáles son baldíos reservados y cuáles pertenecen a la Nación.
“Aquí se cierran todos los capítulos. A todo el que dijo tener derechos se les resolvió su situación”, recalcó.
¿Y los avivatos?
El superintendente fue enfático en señalar que aquellos que tengan escrituras de terrenos que no sean propios se les revocarán los títulos. “Pueden haber falsas tradiciones y hay gente que está pidiendo sucesiones”, precisó.
Indicó que la Oficina de Registro procederá a la absolución y a determinar qué pasa con los folios de matrícula inmobiliaria que estaban abiertos.
Así quedó dividida la tierra
En diálogo con El Universal, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) explicó que “en el procedimiento de clarificación que hizo el lncoder, en su momento, se determinó que gran parte de los predios en Tierrabomba perdieron su tradición, por lo que ya no eran de uso privado sino público”.
Así las cosas, comenzó a dividirse la tierra. 375 hectáreas quedaron en manos de la Alcaldía; 261 a disposición de la Nación y más de 170 hectáreas que son terrenos baldíos fueron entregadas a la ANT.
De esa última cifra, hay una solicitud de una comunidad afro para constituir un Consejo Comunitario en la zona; asimismo, la Armada Nacional pidió que se le conceda una parte de esos predios para construir la Base Naval.
“Hace como un mes nos reunimos con ambas partes para concertar qué porcentajes de tierra se le podía dar a cada uno. Concluimos que a la Armada se le dará un poco más de 70 hectáreas, y el resto será para la comunidad”, detalló un vocero de la entidad.
Finalmente dijo que, para surtir el proceso, falta que se constituya el Consejo Comunitario y la Armada entregue unos certificados medioambientales para continuar con la adjudicación de las tierras.
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