Con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica de los sistemas de acueducto en Colombia, los ministerios de Vivienda y Ambiente estructuraron un decreto que habilita a las empresas prestadoras de acueducto y alcantarillado para proteger las cuencas y fuentes de agua en el país.
El decreto que generaría menos impacto en las finanzas de los colombianos, se firmaría la próxima semana, según lo informó el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, en el 61 Congreso de Acodal en la ciudad.
“Queremos mostrar cómo las empresas de servicios públicos pueden invertir en la protección de las cuencas. Lo que dice la Ley 142 de servicios públicos es que tenemos que reglamentar ese artículo. Hace 24 años que se hizo la ley y hoy estamos haciendo la reglamentación de un artículo que cambiará las normas”, señaló el ministro de Vivienda.
Lo que permitirá esta reglamentación es que la industria invierta en su materia prima, es decir, en agua potable.
Según datos del ministerio, 326 municipios en el país tienen problemas de desabastecimiento por falta de cuidado en las cuencas. Además, según el Minvivienda los costos en cuidado son inferiores a los de consecuencias por desabastecimiento en municipios.
“Con este decreto también cambiaremos las costumbres para garantizar la seguridad hídrica en menor costo y que las futuras generaciones tengan esa oportunidad”, destacó Sánchez.
El decreto tiene como objetivo garantizar la oferta de agua a largo plazo, y permitirá a los prestadores de servicios públicos incorporar en los planes de obras e inversiones, la construcción de infraestructura para garantizar la protección de las fuentes de los sistemas abastecedores de agua.
“Con este nuevo decreto vamos a generar 20 veces más recursos que los que hoy en día destinan las empresas de acueducto y alcantarillado para la protección de las fuentes hídricas, lo más importante, sin impactar de manera agresiva la tarifa que pagan los usuarios”, explicó el ministro.
Según el Ministerio de Vivienda, cada colombiano pagaría con su factura, por cada metro cúbico, un peso para la protección de las fuentes hídricas. Es decir, lo que pagaría en promedio la clase media son 100 pesos, en una factura de 140 mil pesos.
La decisión no es obligatoria, pues los prestadores de servicios definirán las tarifas que se cobrarán y si se acogen al decreto.
Por su parte, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Carrillo, explicó que será la Comisión de Regulación de Agua Potable quien, en su momento, defina cómo se incorporarán estas variaciones en las tarifas. Y agregó que “cada vez llegan al Ministerio más proyectos para ser financiados, buscando fuentes alternas que están mucho más lejos, y esto se da por la degradación de las cuencas que originalmente deberían prestar el servicio de abastecimiento a los municipios. Este decreto busca que esto no se siga presentando”.
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