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Abogado del exgobernador Berrío rebate publicación sobre denuncia penal en su contra

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En carta enviada a El Universal, el abogado David Espinosa Acuña, apoderado de Joaco Berrío Villarreal, hace ciertas observaciones respecto a la información sobre una denuncia penal que el abogado Abelardo de la Espriella interpusiera ante la Fiscalía General contra el exgobernador, por supuestas irregularidades (peculado y prevaricato por omisión) en el retocado caso de los mercados y medicamentos que se dañaron en una bodega de la ciudad durante su gobierno.

Precisa el apoderado de Berrío que tal proceso se siguen tanto en lo penal como en lo disciplinario.

El abogado Espinosa además hace otras consideraciones acerca del artículo publicado por El Universal el pasado domingo 4 de diciembre, titulado ‘Fiscal General investiga a Joaco Berrío por peculado’.

“A propósito de esta denuncia –que no se ha notificado formalmente–, es mi deseo indicar que por los hechos denominados públicamente como ‘los mercaditos’, ya se adelantan, tanto en la jurisdicción penal como en la disciplinaria, sendas investigaciones que fueron precisamente motivadas por el propio doctor Berrío, quien cuando fungía como Gobernador de Bolívar recibió en sus oficinas una factura para que se pagaran unos supuestos mercados, medicinas y kits escolares que habían sido aparentemente contratados por la administración anterior, y sin que hubiera constancia de que ninguno de estos elementos se hubiere efectivamente recibido”.

“Por lo anterior, todos sus asesores jurídicos, e incluso un concepto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, le recomendaron no pagar esta factura ya que posiblemente se trataba de un desfalco a la Administración Departamental que podía generar un grave detrimento patrimonial, y que lo procedente era dar inmediato aviso a las autoridades, como en efecto se hizo”, advierte el abogado defensor.

Señala Espinosa Acuña que transcurridos tres meses de Berrío “aparecieron en los medios de comunicación imágenes de unos supuestos mercados (en un número bastante inferior al supuestamente contratado) en una bodega particular que nada tenía que ver con la Gobernación, en donde se mostraban alimentos podridos (cuando supuestamente se trataba de alimentos no perecederos), tratando de indicar que esto había ocurrido por negligencia de la administración. Este sospechoso episodio confirmó a los asesores jurídicos que se trataba de una acción aparentemente delictiva tendiente a lograr el pago de un dinero, sin que de otra parte existiera cumplimiento real del objeto contratado, siendo prudente dejar en manos de las autoridades la verificación de estos aparentes hechos ilícitos y confiando a la Justicia la determinación final del pago o no pago de este contrato, en donde estaban en juego los recursos públicos de los bolivarenses”.

Recalca el apoderado el exgobernador Berrío que “tal ha sido el halo de sospecha que ha rodeado este episodio, que ni el Gobernador que suscribió el contrato (Libardo Simancas Torres), ni los tres gobernadores que sucedieron al doctor Joaco Berrío (Enrique Nuñez Díaz, Jorge Mendoza Diago y Alberto Bernal Jiménez) lo han querido pagar”.

“Por supuesto, mi representado no puede aseverar la ilicitud del contrato, sin embargo, en un recto ejercicio de la función pública, procedió como le indicaron sus asesores jurídicos y prefirió dejar este problema en manos de las autoridades, confiando en que ellas, luego de analizar juiciosamente el material probatorio, podrán determinar lo mejor para los habitantes de Bolívar”. 

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