Después de las demandas por ocupación del espacio público, vías sin pavimentar, caños en mal estados y problemas de salubridad, las acciones judiciales que más abundan en los dos últimos años están relacionadas con personas discapacitadas.Nunca antes en Cartagena se habían proferido tantas sentencias judiciales a favor de discapacitados físicos y sensoriales, como las que se vieron en el 2010, y este año el ritmo de estas acciones parece mantenerse.
Un estudio que debe realizar la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena debe determinar las obras que se necesitarían para garantizar el libre acceso de personas discapacitadas a la sede del Sena, en la Plaza de La Aduana.
La misma orden fue impartida por el Tribunal Administrativo de Bolívar a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Alcaldía de Cartagena.
El estudio técnico por realizar ambas entidades hace parte del trámite de una acción popular que cursa en el despacho judicial, que pretende que se le garantice a las personas discapacitadas el libre acceso y desplazamiento en las instalaciones de la Casa del Marqués de Premio Real, propiedad del Sena.
El Tribunal accedió a una petición de la Procuraduría en el sentido de que se le ordenara al Distrito aportar las pruebas que acrediten los planes, programas o políticas que se ejecutan para eliminar las barreras arquitectónicas en edificaciones abiertas al público y se permita el acceso a personas con algún tipo de discapacidad. La misma solicitud fue remitida al Sena.
Como parte del trámite de tal demanda, el Tribunal también decretó una visita técnica a la Casa del Marqués de Premio Real, sede del Sena, que será el 1 de abril de este año a las 9 de la mañana.
Tiene como fin determinar las dificultades que tendrían los discapacitados para ingresar a esas instalaciones, pese a ser una entidad del Estado.
Fueron citados a rendir testimonios sobre el tema cerca de 8 personas.
Aumentan demandas
Además de las acciones populares contra los monumentos nacionales y entidades de Estado, el turno parece tocarle ahora a las instituciones educativas oficiales de Cartagena.
Cursan acciones ante el Tribunal Administrativo de Bolívar próximas a definirse, y todas exigen adecuaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad física.
Una de esas acciones tiene que ver con la Universidad de Cartagena.
En una primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo concedió al centro universitario un plazo de 4 meses para conseguir los recursos con fines constructivos de rampas de acceso, las cuales debe hacer en un tiempo de 6 meses.
Para instalar los ascensores le conceden un año de plazo, a partir de la notificación de la sentencia. Estas obras debe realizarlas en todas sus sedes.
Otra decisión judicial proviene, en primera instancia, del Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena, que le concedió un año de plazo a la Gobernación de Bolívar para que realice los estudios técnicos necesarios y obtenga las autorizaciones que requiera de parte de las autoridades competentes, para resolver el tema de las barreras arquitectónicas que impiden el acceso de personas con discapacidad al Palacio de la Proclamación, sede del Gobierno Departamental.
Las obras que se definan deben permitir el acceso de los discapacitados a todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar.
En su defensa, la Gobernación alega que precisamente para atender a este tipo de personas funciona una oficina especial en el primer piso del Palacio de la Proclamación y que esta edificación no podría ser intervenida, ni su diseño ser alterado, debido a que esas instalaciones son consideradas monumento nacional, lo cual significa que debe conservarse su diseño original.
El Juzgado observó durante una inspección judicial que hay muchos despachos de la Gobernación que tienen barreras que le impiden el acceso a los discapacitados, las cuales son necesarias removerlas para evitar que se sigan violando los derechos de las personas con discapacidad.
Otros casos
Otro caso tiene que ver con una decisión de mayo de 2010 proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena, que ordena a Cafesalud que en el plazo de un año modifique el acceso a sus instalaciones en Cartagena, de tal forma que las personas discapacitadas no tengan dificultad para ingresar a ellas.
Otro caso relevante en Cartagena fue el traslado de la sede de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, lo cual obedeció a una acción de tutela instaurada por un discapacitado.
Esa acción fue fallada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, que ordenó a la Defensoría acondicionar sus instalaciones en Cartagena, para favorecer el ingreso de la población discapacitada a esa sede.
Comentarios ()