Acciones populares ahogan al Distrito

Si hay un interesado en que prospere el proyecto de ley mediante el cual se pretende anular el incentivo de las acciones populares es el Distrito de Cartagena. El Distrito cada semana recibe en promedio dos demandas y en la actualidad enfrenta aproximadamente 180 acciones populares activas ante diversos estrados judiciales de la ciudad y en Bogotá. Entre 2009 y 2010 ha pagado cerca de $180 millones en incentivos a demandantes, más los costos de las obras que le ha tocado realizar. Al respecto, la Federación Nacional de Municipios, Fedemunicipios, le pidió al nuevo Congreso de la República que dentro de su agenda legislativa le dé prioridad al trámite final del proyecto de ley que incluye una nueva regulación al derecho y aplicación de las acciones populares. De acuerdo con Fedemunicipios, en la actualidad cada municipio colombiano afronta al menos 10 acciones populares, muchas de las cuales reclaman derechos a los que tienen las comunidades, pero otras son presentadas por abogados que sólo buscan ganar el incentivo económico que se les otorga cuando es concedida la misma por parte de un juez. Cartagena asediada por demandas Según lo expuesto por la Oficina Jurídica del Distrito de Cartagena, debido al incentivo que confiere la acción popular, se han presentado una desbandada de demandas, incluso hasta por un mismo hecho. Incluso un análisis del Distrito concluyó que muchas de las acciones no son inter-puestas por las comunidades afectadas o representantes de las mismas, sino por terceros que se han “profesionalizado” en la búsqueda de motivos para instaurarlas y en su presentación reclamar el incentivo económico. “No obstante, y a pesar de que muchas veces son loables las pretensiones contenidas en las acciones populares, es una verdad innegable, que en virtud del incentivo reconocido en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998 que las reglamentó, han venido en au-mento la presentación de este tipo de acciones”. Son muy comunes los casos, en que, una sola entidad es demanda por el mismo motivo innumerables veces y eso le ha pasado al Distrito de Cartagena. Por ejemplo, el Distrito de Cartagena ha sido vinculado a acciones populares en las que se pretende la reubicación de postes asociados a algún servicio público porque afectan la movilidad de los peatones, y lo malo no es la solicitud, sino que se presenta una acción por cada poste, siendo, en ocasiones, el mismo demandante. Otra situación repetitiva es cuando pretende que se realicen obras de adecuación de edificaciones en la ciudad para permitir el acceso a discapacitados, lo que en sí mismo es un objetivo loable, lo malo es que se presenta una acción popular por cada edificación. Muchas de las motivaciones comunes de estas acciones populares, tienen que ver con la solicitud de las comunidades para acceder a obras públicas que mejoren sus condiciones de vida, por ejemplo, acueducto, alcantarillado, vías, obras de saneamiento ambiental en general o mitigación de riesgos previsibles (construcción de ande-nes, puentes con determinadas especificaciones técnicas, muros de contención etc). Lo que opina un abogado El abogado Joaquín To-rres, quien ha interpuesto más de 10 acciones populares contra el Distrito, señaló que es contrario a la ley que se promueva la abolición del incentivo económico a quien promueva acciones populares, dado que eso está establecido en el país desde 1886, cuando fue contemplado en el Código Civil. Considera que el incentivo en Colombia es una miseria en comparación con lo que se concede en otros países como Estados Unidos, donde, señala, quien promueve una acción de esta naturaleza es considerado héroe y además logra obtener como mínimo el 10% del valor de la obra ordenada. Señala que no debe verse tal situación como un incentivo, sino como una recompensa por actuar frente al Estado en procura de defender derechos colectivos contemplados en la Constitución Nacional. “El incentivo es una forma de motivar a las personas a que defiendan sus derechos, sea rico o pobre y así lo ve la Constitución. Lo que pasa es que los entes territoriales, como el Distrito, ven a quienes promovemos este tipo de actuaciones en su contra como enemigos”, dijo Torres.