“No voy a descansar hasta que la Revista Dinero rectifique la injusticia que ha cometido con Cartagena y conmigo. Llevamos tres años tratando de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para que ahora, con un artículo sin ningún rigor ni fundamento, se eche todo por la borda”, dijo la alcaldesa Judith Pinedo Flórez haciendo relación al artículo que publicó la Revista Dinero.
“El articulo que publica la Revista no hace ninguna denuncia concreta contra mi, al contrario, me menciona en dos oportunidades para decir que yo estoy haciendo un gran esfuerzo para preservar la transparencia y sin embargo, publica mi foto en la portada con un título de “Carteles por todo el país”, con lo cual hace una asociación completamente injusta que no estoy dispuesta a aceptar”, dice Pinedo.
TEXTO DE PRONUNCIAMIENTO DE ALCALDESA
“La principal denuncia de la Revista es la copia de una entrevista entre el señor Carlos Ardila y Rafael Borré, sobre unos hechos de los cuales no tengo ningún conocimiento y sobre los que espero se investigue lo más rápido posible. Un señor afirma que prestó un dinero dirigido a evitar un debate en el Concejo de Cartagena.
Por supuesto que nadie me involucra a mi, porque los concejales son los primeros testigos de la relación tensa que hemos mantenido durante estos tres años en los que permanentemente los he instado para que con toda independencia hagan los debates de control político que quieran.
Sobre el contenido de la declaración del señor Borré, él tendrá que dar las pruebas que tenga en la Fiscalía y allá también tendrá que explicar su conducta el señor Diego Otoya, a quien yo nombre en Edurbe y sobre su conducta nunca tuve razones para dudar.
En el artículo se afirma que un señor Guette, tiene contratos por 32.000 millones de pesos en Edurbe. Ese señor, a quien no conozco, no tiene contratos con Edurbe entre el tiempo transcurrido entre el año 2008 a la fecha.
La última relación contractual del señor Guette con Edurbe es del año 2007, antes de iniciar nuestro gobierno, y se trata de un convenio que no es de la Alcaldía de Cartagena, sino de la Alcaldia de Arroyo Hondo para construir el Palacio Municipal por un valor de 200 (doscientos) millones de pesos y el otro viene de un convenio también del 2007 entre Invias y Edurbe para unas obras en el municipio de Hatillo de Loba, obra que fue licitada en el 2009 y adjudicada a la firma Condecar del cual el señor Guette es el representante legal.
Si antes de nuestro gobierno, la empresa tuvo relaciones contractuales por montos mayores, no es la administración actual la que debe responder y es una falta grave contra la honra y el bien nombre, hablar de manera general sin precisar a que periodo se refieren.
La asociación que hace el artículo con los convenios de Cartagena, como si se usara a Edurbe para contratar con el tal señor Guete es falso y la Revista lo va a tener que rectificar.
El periodista transcribe una declaración del señor William Murra en la que afirma que hay unos contratistas ricos y familiares de funcionarios de la Alcaldía que se benefician con la contratación. Absolutamente falso. Pero además falto de ética del periodista hacer semejante transcripción sin la menor prueba y ni siquiera dar un nombre.
Se hacen afirmaciones tendenciosas, con el único ánimo de generar sospechas injustas. Dice por ejemplo que en el proceso de contratación del recaudo de Transcaribe están involucrados los señores Gómez y Tapia, mencionados en los hechos de la alcaldía de Bogotá. En Cartagena hay una licitación abierta, sé que se presentaron cinco (5) proponentes y no tengo idea ni quienes son esos señores, ni si ellos o sus empresas participan en el proceso de licitación.
Finalmente menciona el contrato del Corredor de Acceso Rápido suscrito hace 10 (diez) años antes de que yo llegara a la Alcaldía y al que dice que le han hecho 17 otrosíes. Siempre he criticado ese contrato. Lo encontré adicionado de una manera con la que nunca estuve de acuerdo, pero me vi obligada a cumplirlo e incluso a permitir que se le incluyeran unas obras para la relocalización de las redes de servicios públicos indispensables para garantizar la obra que ya tenía acta de inicio. Estos otrosíes fueron firmados en el curso de muchos años antes de que yo llegara a la Alcaldía de Cartagena y particularmente el otrosí número 08, que cambió el modelo financiero de la concesión se firmó en el año 2006.
Voy a pedir formalmente la rectificación a la Revista y, si es necesario que un juez ordene que en una carátula se publique la información correcta, así lo buscaré.
Desafío a la Revista a que someta a un tribunal conformado por periodistas, que ella misma designa, para que conceptue sobre el rigor y la ética del artículo, especialmente sobre el tema de Cartagena. Los periodistas que la Revista quiera que miren las afirmaciones que están allí contenidas y determinen si es correcto poner en tela de juicio mi buen nombre de la manera como se ha hecho.
Es una perversidad afirmar que en Cartagena hay un carrusel de contratación cuando, me atrevo a afirmar, que es la ciudad en la que se presenta una mayor pluralidad de oferentes. Nunca ha habido siquiera un debate sobre alguna de las licitaciones que hemos hecho. Al contrario, hay todo tipo de testimonio de los perdedores en nuestros procesos de contratación en los que reconocen la transparencia en los mismos.
Pasamos de tener 1,8 participantes por licitación, como ocurría en el año 2007, a un promedio de 15 en este año.
En denuncias como estas hechas por la Revista generalizar no es una opción. Hay que ir directo a la acusación porque el control a la corrupción no se hace con señalamientos irresponsables, sino concretos. Son suposiciones vagas, afirmaciones que no tienen sustento de ninguna especie y que se le atribuyen a ninguna fuente seria, sino a decires de un tercero.
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