Desde hace más de 20 años de posee una tienda, mediante la cual subsisten él y su familia. La Alcaldía pretende desalojarlo, tras considerar que el negocio ocupa un espacio público, pero un fallo de la Corte Constitucional se convirtió en una especie de salvamento.
El alto ente judicial determinó proteger los derechos al trabajo y al mínimo vital de Arcelio Fuentes Ramírez, persona discapacitada, que considera que su tienda es el único medio que le dá para subsistir, y que debió acudir a una tutela para evitar que el negocio de la familia fuera desalojado, el cual se ubica en el barrio Paraguay.
La orden de desalojo está prácticamente dada desde el año pasado, tiempo en que libra una batalla jurídica contra la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe de Cartagena, la cual asegura que el espacio que ocupa la tienda hace parte de una zona verde pública.
En un primer fallo, Fuentes Ramírez vio sucumbir sus intenciones con la tutela, ya que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena denegó sus pretensiones, argumentando que no existían pruebas que demostraran la existencia de una vía de hecho o violación al debido proceso por parte de la Alcaldía, así como la existencia de un perjuicio grave pronunciado.
Sin embargo, la Corte Constitucional tuvo otros argumentos y revocó la decisión inicial y en su lugar ordenó a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe de Cartagena, a través de su respectivo titular, que verificará la situación personal, familiar, social y económica del demandante, con el fin de establecer el tipo de programa oficial aplicable a su caso, para que con previo acuerdo, sea incluido en un programa que le permita acceder a una actividad comercial igual o similar a la que viene desarrollando en su tienda.
A juicio de la alta corte, el Distrito una vez agotadas las etapas respectivas por parte de la administración, dentro del proceso policivo administrativo de recuperación del espacio público, debe ofrecer soluciones alternativas al actor, a fin de evitar que empeoraran sus condiciones de vida, puesto que se trata de una persona que tiene una discapacidad no controvertida.
Aunado a lo anterior, aclara que el señor Fuentes Ramírez ocupa el terreno hace más de 20 años, donde desarrolló con vocación de permanencia una actividad comercial pacífica y pública y por ello tiene el derecho de confianza legítima.
Comentarios ()