Alerta por altos índices de menores capturados en el país

El hecho de que más de 12.300 menores hayan sido capturados este año, según lo reveló el general Rodolfo Palomino, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, encendió las alarmas en el país y en la ciudad.
En entrevista con El Universal, Lucy Lascarro, directora de Asomenores informó que esta entidad sin ánimo de lucro trabaja para la Costa Caribe y que recibe menores de San Andrés, la Guajira, Cesar, Sucre, Magdalena, Córdoba y Atlántico.
Lascarro advirtió que no todos los muchachos que llegan a la institución entran al sistema judicial. “Es posible que lleguen al centro de servicio que está en Canapote y allá resuelvan ágilmente la situación y no requieran venir a dormir al centro las primeras 36 horas”, señaló Lascarro.
Por esto explicó que la población aprehendida de la que habla el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional es mayor porque habla de todo el que es capturado, sin embargo, no todos estos menores serán judicializados ni llegarán a este tipo de centros.
Tal es el caso de los menores que no cometen delitos sino contravenciones, es decir, conductas antijurídicas de menor gravedad.
La directora de Asomenores informó que tanto a los internos como a los que están con medidas no privativas de libertad están diseñados para garantizarles al adolescente su derecho a la educación, a la protección integral y a la restauración, siendo el fin último la justicia restaurativa que no es castigar, ni sancionar pero sí responsabilizar al adolescente que cometió una conducta punible con la que le hizo daño a una persona y a una sociedad en su patrimonio, en sus bienes, en su integridad física, moral y que debe responder o reparar, mientras se da ese proceso puede estar privado de la libertad o no.
En los casos en los que las sanciones dictaminadas por el juez incluyan privación de la libertad los menores son atendidos en el Centro de Atención Especializada (CAE), si la sanción no es privativa de la libertad se le brinda entonces una medida de apoyo que se llama libertad vigilada (ley 1098) en donde el adolescente permanece con su familia y tanto este como su familia reciben atención y apoyo.
Así mismo cuando se da una medida de libertad vigilada y el adolescente no la cumple, el juez puede retirarle el beneficio de estar bajo libertad vigilada y podrá privarlo de la libertad.
Pero caso contrario, si el juez le dictó al adolescente una medida privativa de la libertad, pero el adolescente mantiene un excelente comportamiento, el juez puede mutar esta por una no privativa de la libertad, es por esto que los jueces reciben seguimiento de estos casos cada dos meses.

Cifras
De los adolescentes que ingresaron  a entrenamiento preventivo el 21% son de Sucre, el 18% de Guajira, el 5% del Magdalena, el 7% de Córdoba y el 49% de Bolívar.
De todos los de Bolívar el 52% corresponden a Cartagena. “Más de la mitad de los adolescentes que ingresan aquí son de Cartagena, le siguen Magangué con un 24%, Cimití 19% y San Pablo”, informó Lascarro.
Los principales delitos por los que estos muchachos pasaron a entrenamiento preventivo fueron aquellos contra la propiedad (atracos y hurtos calificados y agravados) 35%, aquí la privación de la libertad solo se da en casos extremos.
Los otros delitos que le siguen y por los cuales los menores entran a entrenamiento preventivo son los que atentan contra la vida con un 28% , aquí los principales delitos son lesiones personales y homicidios.

Sicariato
En este punto llama la atención que Cartagena y Bolívar, que no tenían historial de sicariato, han sido remitidos a Asomenores hace aproximadamente 3 años, adolescentes, tanto hombres como mujeres, por vinculación a bandas criminales emergentes (BACRIM) y adicional a estos son sindicados en algunos casos no por uno sino por varios homicidios.
Además, “este año aparecieron las niñas vinculadas a estos hechos, estas antes no aparecían vinculadas”, dijo Lucy Lascarro.
Aunque en Cartagena no sea muy común, hay un número importante de adolescentes que están siendo remitidos por delitos que atentan contra el pudor y la libertad sexual en especial contra niños y niñas, generalmente violaciones pero también otros hechos como exponer y exhibir los órganos sexuales.
Anteriormente los adolescentes entre 14 y 16 años que cometieran este tipo de delitos no eran privados de la libertad, pero con la ley de seguridad ciudadana que se aprobó en junio de 2011 los adolescentes sí pueden ser privados de su libertad porque se considera un delito de especial gravedad.
Otros de los delitos por los que los menores son aprehendidos, son por extorsión (16%), concierto para delinquir, entre otros.

Menores sancionados
De los menores que sí han sido judicializados, en el primer cuatrimestre, ingresaron 22 adolescentes de Bolívar, esto corresponde al 45% de los menores, le sigue Sucre con el 21% y luego viene La Guajira con un 12%.
El 68% de la población que está en atención especializada del departamento de Bolívar corresponde a Cartagena y le sigue Cimití que tiene el 27%.
Se dice que en América Latina la mayoría de los delitos tienen que ver con maneras que atentan contra los bienes y la propiedad privada porque los menores buscan satisfacer sus necesidades y garantizar supervivencia.
Además Lucy Lascarro informó que casi el 90% de estos jóvenes son consumidores de drogas y cada año estas cifras aumentan llegando en los últimos años a tener afectaciones graves cerebrales por los índices altos de consumo. “Algunos tienen lo que llaman el cerebro maltratado y los psiquiatras lo definen como el viaje sin retorno”, dijo.
“La farmacodependencia en muchas ocasiones está ligada con la pobreza, no quiero decir que sea un  problema solo de estos sectores sino que dentro de estas zonas hay factores que inciden para la dependencia. No podemos decir que la pobreza produce delincuencia, pero sí que la favorece”, agregó.
El 99% de los chicos que ingresan a Asomenores son de estratos 1 y 2, esto se da porque hay mayores necesidades y es donde más son vulnerados los derechos.