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Amenazan a trabajadoras por los derechos humanos

Un grupo de mujeres pertenecientes al “Colectivo nacional de mujeres víctimas del conflicto armado: mujeres restableciendo derechos” denunció ayer, ante El Universal las amenazas de que han sido objeto en los últimos días por parte de grupos al margen de la ley en Cartagena y Bolívar.

El citado colectivo tiene presencia en departamentos como Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca y Tolima, con el apoyo de redes nacionales que conforman el observatorio de mujeres para los derechos humanos de ese género.

A su vez, las redes nacionales están integradas por la “Red de empoderamiento de mujeres de Cartagena y Bolívar”, “Red departamental de mujeres chocoanas”, “Corporación oye mujer” y “Corporación Humanizar”, entre otras.

María Montoya se refirió específicamente a amenazas de muerte por escrito que han venido recibiendo en las últimas días de parte de grupos delincuenciales como “Los rastrojos”, “Las águilas negras” y uno que se hace llamar  “Ejército revolucionario popular anticomunista (Erpac)”.

En su comunicado, “Los rastrojos” señalan —palabras más palabras menos— que debido a la desobediencia de las organizaciones que están haciendo lavados de cerebro en Nariño, Norte del Valle, Eje Cafetero, Tolima, Guajira, Costa Caribe y Bogotá, “reiteramos que no nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones”, entre las cuales mencionan  las “Red de empoderamiento de mujeres”, a quienes acusan de tener relaciones directas con altos mandos de las Farc y el Eln.

El grupo denominado “Erpac”, dice en su panfleto que el mensaje lo mandan desde los Llanos al departamento de Bolívar en donde dicen tener identificados “a guerrilleros disfrazados de líderes campesinos” en barrios como Nelson Mandela, Olaya Herrera, San José de los Campanos, El Pozón, estribaciones de La Popa; y en los municipios de San Jacinto, Magangué, Arenal, Zambrano y Santa Rosa.

En el mismo escrito les anuncian que “el marzo negro se los vamos a convertir en abril rojo (...)”. “(...) como les gusta la champeta comiencen a bailar el ‘baile rojo’ (...)”.

Campaña de

intimidación

Mabel Acevedo, de Tolima; y Laiza Aristizábal, de Bogotá, dicen también hacer recibido amenazas por escrito, pero, además, aseguran tener noticias de compañeras en la ciudad de Cali, quienes han sido amenazadas telefónicamente, mientras que en otras zonas ya han sido asesinadas algunas, sin que hasta el momento se tengan reportes de capturas o, por lo menos, identificación de los autores materiales e intelectuales.

Rubiela Valderrama, de la “Red de Empoderamiento de Mujeres”, advirtió que en Cartagena que en Cartagena aún no se han presentado asesinatos, pero sí persecuciones de parte de extraños.

“Una vez —contó— dos compañeras iban saliendo del Edificio Corvivienda, en el barrio Manga, en donde está la sede del proceso, y vieron cómo dos hombres las iban siguiendo. Tomaban las mismas calles que ellas tomaban y hasta se embarcaron en el mismo bus. La persecución terminó cuando decidieron bajarse en un CAI.”

“En otra ocasión —prosiguió—, una compañera había salido de su casa hacia el  barrio Crespo y en todo ese trayecto se percató de que un hombre la venía siguiendo. Tomó por las mismas partes que ella tomaba y hasta se montó el mismo bus. Ella se bajó del bus y él también se bajó. Se montó en otro y él también se montó. Entonces, decidió encararlo y preguntarle  si la estaba siguiendo, pero el tipo dijo tranquilamente que esas eran ideas de ella. Después la siguió hasta Crespo, pero ella se desvió hacia el CAI y le dijo a un policía lo que le estaba pasando. El policía le preguntó al perseguidor que si era cierto que la estaba siguiendo, y volvió a hablar con la misma tranquilidad: ‘esas son ideas de ella’”.

Indiferencia total

Mabel Acevedo asegura que todas las amenazas están denunciadas en la Fiscalía, pero al mismo tiempo aduce  notas cierta indiferencia entre los funcionarios de ese ente cuando se trata de recibir los requerimientos.

“Una vez —relató—, fui a entablar una denuncia y me dijeron que eso no era con ellos, que fuera a una inspección. Cuando les dije que iba a la Procuraduría a poner la queja por ese trato, entonces cambiaron de actitud y me atendieron, pero de mala gana”.

Derlis Villalba manifestó que, junto a otras compañeras ha instaurado denuncias ante la Policía Metropolitana, “pero ni siquiera nos han hecho el estudio de riesgo. Lo único que hacen, cada dos meses, es practicar las famosas revistas del sitio en donde vivimos, y con eso es más lo que nos perjudican que lo que nos ayudan, porque en cuanto los bandidos ven policías en nuestras casas lo primero que dicen es ‘esta vieja es sapa. Hay que joderla’. Lo malo es que si una rechaza esas revistas y la matan, entonces dicen las autoridades, ‘ella no aceptó la ayuda que le ofrecimos’. Nos dieron unos avanteles a los que siempre se les pierden las señales, en lugar de darnos unos celulares”. 

Asimismo, cuentan que “la Policía evade el tema, porque son varias las reuniones a las que los hemos invitado y nunca van. Y aquí es donde uno se pregunta por qué es tan difícil que nos defiendan, si cuando amenazaron a los hijos del presidente Uribe por internet, no pasaron muchas horas cuando ya el responsable estaba capturado”.

Las mujeres dijeron no entender el sentido de las amenazas, “puesto que nuestro trabajo es más que todo humanitario. Estamos ayudando a las mujeres que lo han perdido todo por la violencia o por el desconocimiento de sus derechos más elementales”.

“A veces —dijo Rubiela Valderrama—, creemos que las amenazas tienen como fundamento la ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’, pero también es cierto que nos vienen amenazando desde antes de que esa ley existiera”.

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