El juzgado consideró acertada la retractación pública que la mandataria hiciera a través de los medios de comunicación locales y nacionales a favor del magistrado Javier Ortiz del Valle, a quien había injuriado por una decisión que tomó éste respecto a una demanda electoral, mediante la cual se determinó, en primera instancia, anular su elección como alcaldesa.
Esta nueva decisión anula la tomada por el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena, que rechazó la solicitud hecha por la alcaldesa de Cartagena de que se precluyera el proceso penal en su contra, desatendiendo además la solicitud de la Fiscalía de archivar el caso.
Según el proceso penal, la Alcaldesa habría señalado públicamente que el magistrado falló en junio de 2008 una demanda electoral contra de su elección porque le fue ofrecida una notaría y un puesto en un alto tribunal en Bogotá.
La alcaldesa reconoció públicamente que las declaraciones a propósito del fallo de primera instancia proferido por el magistrado Javier Ortiz del Valle no correspondían a la verdad.
Aclaró a la opinión pública que el descalificar en términos deshonrosos al magistrado Ortiz del Valle es censurable, que no debió producirse y que no era cierto que el funcionario judicial haya actuado en su contra atendiendo un ofrecimiento de notarias por fallar el caso.
La alcaldesa fue defendida en el proceso por el abogado, Enrique del Río, quien alegó que los pronunciamientos públicos de la mandataria se hicieron correctamente y como lo manda la ley, razón por la cual el caso debía cerrarse.
Por fortuna, alega Del Río, el proceso llegó a su fin y contra su preclusión no procede recurso alguno.
Al respecto, la defensa del magistrado aclaró que la preclusión no quiere decir que la mandataria no cometió el delito, sino que la retractación que hizo fue adecuada y por lo tanto el proceso debía culminar y sin embargo abrió la posibilidad de iniciar, a través de jurisdicción civil, un proceso para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados al magistrado.
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