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Armada debe indemnizar a pescador golpeado por una lancha guadacosta

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Los hechos sucedieron a las 5 de la mañana del 2 de agosto del 2002.

El pescador Manuel González fue atropellado cuando se encontraba en una canoa dedicado a sus faenas de pesca, cerca de la línea costera frente al corregimiento de Caño de Loro.

Debido al fuerte impacto recibido, perdió su pierna izquierda, mientras que su pierna derecha quedó sin capacidad funcional. Su pequeña embarcación se hundió.

La Armada accedió a conciliar con el pescador y con su familia luego de que prácticamente iba a ser condenada por la justicia contenciosa administrativa, debido a los daños morales y materiales causados, pues este núcleo familiar se sostenía con los recursos que el ahora discapacitado extraía del mar para luego venderlos.

El organismo militar insistía en que la culpa del suceso la tenía el pescador al no tener ningún tipo de señal en la canoa, sin embargo nunca pudo demostrar tal situación, pues la embarcación se hundió, pero sí se corroboró la alta velocidad con que se trasladaba la lancha de Guardacostas, pese a su cercanía a la costa del corregimiento de Caño de Loro.

Además se concluyó en el proceso que el día del accidente las condiciones del mar eran de completa calma y que ya había amanecido, aunque había un poco de neblina.

El accidente ocurrió entre las 6:30 y las 6:45 de la mañana, hora en que está permitido pescar puesto que la Capitanía de Puerto había dispuesto un horario de actividades en la bahía interior de Cartagena entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

En una primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Nación, a través de la Armada Nacional, a pagar aproximadamente $370 millones por los perjuicios causados al pescador, sentencia que fue apelada por el organismo militar ante el Consejo de Estado.

Pese a la apelación y al constatar que las pruebas estaban en su contra, la institución militar decidió conciliar antes de tener que pagar la totalidad de la indemnización.

Ofreció pagar el 85% ($314 millones) de lo determinado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, lo cual aceptaron el pescador y su familia, y el Consejo de Estado aprobó el pacto entre las partes.

Ahora la Armada Nacional tiene el plazo de un año y medio para saldar el pago de la indemnización.

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