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Barrio Villa Rosita pierde pleito por las inundaciones

Fueron cerca de 1.000 personas las que demandaron al Distrito de Cartagena de manera conjunta, tras estar convencidas que la administración falló en darle los permisos correspondientes a la firma constructora Ghisays y Romero para construir en una zona inundable, rodeada de canales naturales como el Matute, considerado uno de los más largos y que carga más volúmenes de agua en la ciudad.

En estos días, el Consejo de Estado está notificando a miembros de la comunidad sobre la última decisión del proceso, la cual le fue desfavorable. La comunidad de Villa Rosita exigía una indemnización por daños materiales de $15 millones más los intereses causados hasta el momento de la sentencia y el pago de 1.000 gramos oro por perjuicios morales.

El caso pasó a manos del Consejo de Estado en julio de 1999, luego que durara casi 10 años en el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual en primera instancia también había negado las solicitudes de la comunidad.

Ambos entes judiciales coinciden en anotar que de acuerdo con las pruebas que existían en el proceso no permiten establecer la culpabilidad del Distrito por las inundaciones y permitir que la constructora hiciera cambio del uso del suelo, al igual que otorgó la licencia de construcción y la omisión de las obras de dragado al canal Matute.

Además que se permitió la construcción de la referida urbanización sin el lleno de los requisitos legales exigidos para la construcción de urbanizaciones.

Alega la demanda que luego de la construcción de la urbanización sobre el lecho del arroyo de Matute, tres  años más tarde resultó afectada por dos inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del arroyo Matute, lo que ocasionó cuantiosos daños a los habitantes, pues el agua llegó casi hasta el techo en  algunas viviendas.

La primera de las inundaciones se dio el día 26 de noviembre de 1987 y la segunda el día 18 de octubre de 1988, eventos que dejaron a los demandantes en la más completa miseria, pues perdieron todos sus enseres domésticos y elementos de trabajo en dos ocasiones consecutivas. Así mismo tuvieron como consecuencia, el debilitamiento de las paredes de las viviendas.



No había evidencia

Concluye el Consejo de Estado que si bien el terreno de la urbanización presentaba riesgo por su proximidad y desnivel frente a la carretera La Cordialidad y cercanía al arroyo, no había evidencia de inundaciones frecuentes en el área, ya que la sociedad constructora tomó las medidas para mitigar el riesgo de inundaciones futuras provenientes de la ubicación del terreno frente a la mencionada vía pública

También alega que se determinó que las pruebas dan cuenta de que la inundación ocurrida el 27 de noviembre de 1987, fue una situación generalizada, que cubrió no solamente la urbanización Villa Rosita, sino múltiples sectores de los municipios de Turbaco y de Cartagena.

Así mismo existieron varios factores, distintos de la expedición de la licencia de construcción y de la falta de dragado de los canales a cargo del municipio de Cartagena, que pudieron incidir determinantemente en la magnitud de la inundación, como lo fueron el desbordamiento del arroyo Matute y de lagunas y pozas, aguas arriba, desde su zona de influencia en el municipio de Turbaco, así como la insuficiencia de las obras de drenado de la carretera de La Cordialidad.

Con esta decisión, el Distrito se evita tener que responder por los daños cuantificados por la comunidad, la cual sigue afectándose con el desbordamiento del arroyo Matute.

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