En las últimas semanas han sido reiterados los bloqueos de vías en Cartagena, pese a que desde 2011 existe la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, la cual contempla sanciones económicas y de cárcel para las personas que incurran en estas acciones para manifestar su inconformismo. (Lea aquí: Ley de Seguridad Ciudadana: conózcala y aplíquela).
El coronel Wilson Bernal González, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, asegura que los taponamientos de vías ocurridos recientemente han sido provocados, en su mayoría, por la molestia de muchos cartageneros ante las fallas en la prestación de servicios públicos.
Indica que muchos de estos daños han sido causados por los vientos fuertes que han afectado últimamente a esta capital, y han desembocado en la caída de redes eléctricas y de telecomunicaciones, muchas de las cuales aún están siendo reparadas. (Consulte aquí el contenido completo de la Ley de Seguridad Ciudadana).
El oficial afirma que “por ley las vías no se deben bloquear, pero estas son situaciones salidas de lo normal en las que no se puede emplear la fuerza, porque muchas veces quienes protagonizan los bloqueos son madres cabezas de hogar, menores de edad y personas de la tercera edad”.
Labor conjunta
Agrega que en estos casos se dificulta la captura y posterior judicialización de estas personas, dado que para que esto se haga efectivo, la Policía debe actuar en conjunto con personal del Ministerio Público, comisarías de familia y otras dependencias oficiales que garanticen la legalidad de los procedimientos y avalen el despeje de las vías.
La Fuerza Pública recuerda a los ciudadanos inconformes que tanto las empresas de servicios públicos como el Distrito tienen canales idóneos para atender sus quejas, y por tanto pide que no se acuda constantemente a la obstrucción de vías para hacer sus reclamos.
El Comandante Operativo de la Policía de esta capital aclara que en los casos en que no estén involucrados menores o ancianos, sí se debe aplicar todo el peso de la ley, aún más si los manifestantes incurren en actos vandálicos o generan alteraciones de orden público.
Cabe anotar, que la Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011), contempla penas de 24 a 48 meses de prisión para quienes obstruyan vías públicas. Dicha norma también incluye multas de entre 13 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en estas prácticas indebidas.
