Cámara de Comercio espera que Corte Constitucional revise tutela

Ante la declaratoria de improcedencia de una acción de tutela mediante la cual pretendía echar atrás un embargo millonario en su contra, la Cámara de Comercio de Cartagena espera ahora que la Corte Constitucional revise tal decisión y la revoque. La Cámara de Comercio pretendía con la tutela que se dejara sin efectos el cobro coactivo de cerca de $1.700 millones que realiza el ente territorial para materializar el pago de la Estampilla Pro Cultura. En una primera instancia el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena declaró improcedente la acción judicial, lo cual fue confirmado por el Tribunal Administrativo. Ante este hecho y mediante un comunicado, la Cámara de Comercio reiteró su voluntad de acogerse a la ley en todas sus actuaciones y de emplear todas las acciones y herramientas que la Constitución y la ley le otorgan para obtener el respeto a sus derechos fundamentales como persona jurídica y como contratista del Estado. La entidad de registro mercantil informó que este debate jurídico se inició por deficiencias de comunicación al ser registradas por la Cámara de Comercio de Cartagena algunos actos o negocios jurídicos sin que se pagaran de manera plena el tributo. Estos hechos se produjeron en el periodo comprendido entre el 16 de oc-tubre de 2006 y el 15 de marzo de 2007. Señala que a pesar de los requerimientos de la Cámara de Comercio, las autoridades del Departamento de Bolívar no han hecho la gestión de cobro a los negocios correspondientes y en lugar de ello, el Departamento han pretendido que dichos pagos los realice dicha entidad, como si fuese ésta la deudora tributaria. Señala que dicho cobro a la Cámara lo ha hecho efectivo a través de embargos, por lo que la entidad califica tal situación como vulneradora del debido proceso y manifiesta desviación de poder. Ante esta situación, la Cámara de Comercio solicitó la liquidación del convenio que firmó con el Departamento para el recaudo de la Estampilla Procultura. Insiste en que la Gobernación hasta hoy han desatendido el cumplimiento de esa obligación legal. También alega que ante tal situación se llegó a un acuerdo mutuo el 29 de Julio de 2009 ante el Procuraduría en que la Administración Departamental reconoció que la Cámara de Comercio no era deudora tributaria como sujeto pasivo y que emplearía las acciones contractuales que establece la ley, pero tal hecho lo ha desconocido y continúan los embargos.