Centrales Obreras defienden obra de Comfenalco en Crespo

Antonio Cantillo Bustillo, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Bolívar, defendió en nombre de las Centrales Obreras el proyecto centro recreacional Los Corales que Comfenalco construye en Crespo en asocio con Cafam.
Cantillo Bustillo recalcó que la CGT y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), son las organizaciones que representan a los trabajadores en el consejo directivo de Comfenalco y por eso recalcan que el proyecto es legal.
“Ante los hechos debatidos recientemente en el Concejo de la ciudad, nos permitimos precisar lo siguiente. En el debate promovido por el Concejo se citó a la Secretaria de Planeación Distrital y al capitán de Puerto, Juan Francisco Herrera, quien expresó que el 70% de los terrenos donde se construye este centro vacacional son públicos, lo cual contrasta con la certificación expedida por esa misma Capitanía donde manifiesta que estos terrenos no son de competencia de la Dimar y la misma no tiene jurisdicción. Esto fue certificado en 1984 por el capitán de Puerto, Gilberto Rengifo Barón”.
Bustillo Cantillo recalca que las declaraciones del Capitán de Puerto, también constituyen una sentencia anticipada de un organismo serio que debe evaluar y hacer una investigación aclaratoria sobre el caso, antes de dar declaraciones públicas.
“Es importante aclarar que estos terrenos eran de propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas, entidad sin animo de lucro que administra el patrimonio histórico de la ciudad. Esta negociación  se hizo con un ente jurídico en 1985, primero bajo la figura de un contrato de arrendamiento y después se adquirieron 9.900 m2 aproximadamente, en 2007. Los terrenos en cuestión, nunca tuvieron oposición alguna de ningún ente. Sin embargo, existe hoy un interés de particulares que han venido exigiéndole de manera directa y a través de terceros sumas astronómicas de dinero a Comfenalco, con el fin de cesar las acciones judiciales en contra de este proyecto.  Estas personas pretenden que se les entregue dinero o se les restituya el terreno, y también amenazan con interponer acciones populares para que se declare un bien publico”, denunció Bustillo Cantillo.
Advirtió que las pretensiones y los debates se han hecho cuando la ciudad conoce el proyecto social, que cuenta con el permiso de la autoridad competente, que es la Curaduría Urbana. “Además, el proyecto, que estará dotado de balneario, habitaciones, salas de conferencia y recreación dirigida, en la etapa de construcción ha generado mil empleos y cuando comience a operar generara 730 empleos directos”, dijo.
“Las Centrales Obreras hacemos un llamado a los estamentos de la ciudad para que en vez de estar atacando el proyecto, lo apoyen. Este es un proyecto de 230 habitaciones que será usado por todos los trabajadores del país”, dijo.