El representante legal de la empresa Chemical Products, Adolfo Herrera Monsalve, se pronunció sobre los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación, y que motivaron la petición de suspensión del alcalde Campo Elías Terán Dix y la secretaria de Educación, Rosario Ricardo, entre otros funcionarios. (Lea también Contraloría General pide suspensión de Terán Dix)
En un comunicado, Herrera Monsalve señala que se pagaron “oportunamente los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados” y que esa información ha sido revisada y verificada por la Secretaría de Educación. Señala que no entiende cómo no dijeron que era Chemical la que hacía los pagos.
“Declaro ante la opinión pública que la persona jurídica distinta que ellos mencionan corresponde a ‘Chemical Products, con NIT 830.103.107-3’, representante legal y propietario, Adolfo Herrera, información verificable en Cámara de Comercio”, dijo Herrera Monsalve. (Ver certificado de la Cámara de Comercio)
Dice el comunicado enviado por esta empresa, que es potestad del contratista y es autónomo contratar a sus empleados con Chemical Products y, más importante de fondo, cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. “De manera tajante, expreso que, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, no existe ninguna ‘presunta falsificación de planillas’ ya que estos pagos han sido reales, verificables y aplicados a cada uno de los operarios del contrato”.
Los hechos
La suspensión solicitada por la contralora, Sandra Morelli, busca que no se afecte el patrimonio público ni la investigación fiscal que este ente de control realiza por el presunto detrimento patrimonial que se podría generar por “graves hechos fraudulentos” en el contrato suscrito entre la Secretaría de Educación y Chemical Products.
Los otros funcionarios que pidieron ser suspendidos fueron la directora administrativa y financiera de esa Secretaría, Aminta Sierra de Chimá; y Judith Pérez Rodríguez, profesional especializada de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía.
La Contraloría indicó que entre los hallazgos se encuentra “que el contratista no ha efectuado a cabalidad los correspondientes aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados y los que presentó como soporte para el cobro de sus facturas a la entidad figuran a nombre de una persona jurídica distinta, presuntamente falsificó las planillas para conseguir los pagos de los servicios prestados”.
Cartagena
Chemical se pronuncia sobre hallazgos de la Contraloría General
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