Colectivos ilegales siguen sin retirarse de Bazurto

El mes pasado, los conductores de colectivos a la bajada del puente de Bazurto dijeron que no se iban a dejar sacar de ese lugar, y, hasta el momento, mantienen su postura. (Lea Conductores de colectivos dicen que no se dejarán sacar de Bazurto)
Wladimir Valeta Castelló, presidente de la estación de colectivos Fe y Esperanza, que no está autorizada para su funcionamiento, expresó que han pedido al Distrito “la oportunidad de una reubicación o el pago de una indemnización económica”, pero la respuesta, según afirma, ha sido negativa. (Lea: Distrito dice que no pagará indemnizaciones a conductores de colectivos)
“Nosotros tenemos más de 15 años en este lugar, prestando este servicio y si nos quitan esto, de qué vamos a vivir”, se pregunta Valeta Castelló, a la cabeza de esta estación que reúne más de 70 conductores. Señala que ya hay un proceso en curso contra el Distrito, para reclamar sus derechos.
Acción de tutela
Los conductores de colectivos ilegales en este sector pusieron una tutela dirigida a la Gerencia de Espacio Público de Cartagena.
Consultado por esta situación, el gerente de esta entidad, Adelfo Doria, afirmó que, en efecto, fue notificado de la acción de tutela de la que se encuentra sorprendido.
“Quien la presenta es la misma abogada de unos lavadores de carros en sector de la Bomba El Amparo, que pretende demostrar que estos conductores de colectivos son ocupantes del espacio público”, indicó el funcionario, a la vez que, por ser un tema de tránsito, era competencia del DATT y la Policía hacer el desalojo.
Asimismo, Doria expresó, como consta en la respuesta enviada a la jueza del caso, que “es absurdo que se pretenda buscar una indemnización en el sentido que se plantea porque todos, de alguna manera, ocupamos espacio público”, y habría que darle cabida también a mototaxistas, bicitaxitas, habitantes de la calle, trabajadoras sexuales, entro otros.
Para el gerente de Espacio Público, estos conductores no pueden tener la confianza legítima porque esta se configura por dos razones: que en algún momento hayan tenido permiso para esta actividad o por omisión de la autoridad.
“La Alcaldía jamás ha dado permisos para que un colectivo de estos preste el servicio y la autoridad siempre ha perseguido este tipo de transporte ilegal”, indicó.
El alcalde de esa localidad —de la Virgen y Turística— Rodrigo Reyes, afirmó que ya se habían adelantado diálogos y se había restablecido el espacio público para continuar con las obras que realiza Transcaribe en el sector.
“Hay otros intereses”
Explicando que la tutela no ofrece ni una sola prueba de que estas personas son ocupantes del espacio público, Adelfo Doria plantea que es “descabellado” que estas personas puedan hacer parte de un programa de formalización económica.
El funcionario afirma desconocer las verdaderas pretensiones de una tutela que busca beneficiar a personas que ejercen una actividad ilegal con un programa que mitiga el “impacto de un restablecimiento del espacio público”.
Por otra parte, señaló que la tutela carece de legitimidad en el sentido que las funciones de Espacio Público no tienen que ver con tránsito ni movilidad, hecho por el que pidió la vinculación del DATTpara sustentar las condiciones de ilegalidad de ese servicio.
El funcionario de Espacio Público concluye que el programa de formalización es una política sana que busca, además de sustentar el negocio de los vendedores informales que son desalojados del espacio público, los asesora en sus próximos proyectos, pero que hay personas que “quieren sacar provecho económico y desinformar a los ciudadanos”.
“Aceptar que se le debe pagar capital semilla millonario a todo aquel que se encuentre transitando el espacio publico, constituiría un nefasto precedente jurídico para la política de recuperación de este”, finaliza Doria.