Comunidad LGBT reitera ‘NO’ al rechazo

Tres crímenes abren el informe de la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) en Cartagena.
Son los asesinatos de Henry Miguel Carrascal el 25 de septiembre de 2011, en el barrio Escallón Villa; de Alberto Sierra Velásquez, en su casa en San Fernando, el 4 de diciembre, y del abogado Manuel Mieles, en una oficina del Edificio Banco del Estado, el 5 de diciembre pasado.
A la Corporación Caribe Afirmativo, en cabeza de Wilson Castañeda, le preocupan estos casos porque se encuentran en la impunidad y teme que pasen más situaciones de violencia e intolerancia en la ciudad.
“Nos preocupa el tema de la violencia policial, la amenaza por parte de las bandas criminales y todo tipo de intolerancia”, agrega Castañeda.
Aunque en el informe de resalta que en Cartagena los temas de la comunidad LGBT cada vez cobran más espacios públicos y se abren campo en la agenda ciudadana, les causa inseguridad la vulneración de derechos como el de la educación.
“Tres colegios de Cartagena restringieron el derecho a la educación de una chica y a unos chicos. Hay un caso muy aberrante para nosotros y es en un colegio de la Localidad Uno (Histórica y del Caribe Norte), donde un rector le dice a una chica: ‘Usted no vuelve a estudiar aquí porque parece una lesbiana’”, narra Wilson Castañeda.
Por circunstancias como esa hacen un llamado especial a los gobiernos locales para que incluyan a la comunidad LGBT en el Plan de Desarrollo, para que se realicen campañas de acciones positivas y afirmativas a fin de contrarrestar la discriminación y enseñar a Cartagena a convivir con la diversidad sexual.
CINCO AÑOS DE IMPUNIDAD
Con el reloj ‘ensangrentado’ de Rolando Pérez, la comunidad LGBT recordó la muerte del profesor cubano ocurrida el 22 de febrero de 2007 en su apartamento del barrio Torices.
Su crimen, perpetrado con una mona de carpintería, aún no tiene responsable y dice Caribe Afirmativo que el caso está cerrado.
“La comunidad ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos haciendo todas las diligencias para que sea aceptado el proceso. Acudimos a ella porque la justicia colombiana no da garantías”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.