Condena por otro falso positivo de la Policía en Cartagena

Otro “falso positivo” le vuelve a generar altos costos a la Nación. Esta vez la Policía Nacional deberá pagar una millonaria indemnización a las familias de 4 personas en Cartagena, que por error, fueron capturadas y señaladas como miembros de una banda de extorsionistas.El caso fue fallado en primera instancia y obliga a la Policía a pagar cerca de $810 millones en total a dos comerciantes y dos abogados en esta ciudad, quienes fueron detenidos el 6 de octubre de 2000 por el Gaula de esta institución del Estado, tras ser sindicados de extorsión, delito en que éstos nunca incurrieron según investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Los favorecidos con la sentencia judicial fueron los abogados Willington Merlano, Onilio Yepez y los comerciantes Julio Cesar Botero y Mario Meza Meza.
En este caso fueron exonerados de condena alguna, los medios de comunicación en Cartagena  tales como El Universal, RCN Radio, Casa Editorial El Tiempo y el Heraldo, tras evidenciarse que éstos solo se remitieron a difundir las versiones dadas por el entonces comandante de la Policía en Bolívar,  coronel Carlos Devia, tras una rueda de prensa convocada para anunciar sobre el desmantelamiento de una banda de extorsionistas.
Al fallar, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, atendiendo lo expuesto por la Fiscalía, consideró que el Gaula fue demasiado apresurado, tras no verificar y muchos menos investigar y proceder a capturar a esas personas, atendiendo solo una denuncia efectuada por un particular, el cual estaba dirigida solo contra uno de los comerciantes detenidos.
La captura de estas personas se produjo en la Notaría Segunda de Cartagena, cuando se encontraban acompañando al comerciante denunciado en un trámite de un inmueble que estaba embargado.
La Policía argumentó ante los medios de comunicación que los detenidos hacían parte de una banda dedicada a extorsionar a personas haciendo que éstas traspasen propiedades a nombres de otras a cambio de no atentar contra sus familiares.
Sin embargo al investigar el caso, la Fiscalía determinó que los dos abogados apoderaban a uno de los comerciantes en el desembargo de un inmueble que estaba a punto de perder por deudas y nada tenían que ver con los hechos denunciados ante el Gaula.
La otra persona detenida era amiga del comerciante y lo acompañaba a la diligencia ante la Notaría.
La investigación concluyó que los detenidos fueron víctimas de una actuación arbitraria y contraría a  la ley y por ello fueron exonerados de todo delito, quedando afectados con la divulgación amplia que hicieron los medios, dada las versiones del Comandante de la Policía de ese entonces.
Además de permanecer varios días privados de la libertad, los detenidos se vieron afectados en sus actividades laborales.
A juicio del Juzgado, este es un hecho reprochable desde todo punto de vista, dado que la Policía ha debido de limitarse solo a poner a los capturados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y no exponerlos ante la opinión pública calificándolos de poderosos criminales, sin antes haber una investigación siquiera previa.