Este es un caso más, donde los organismos del Estado, ya sea Fuerzas Militares o Policía, se inventaban argumentos para detener a personas y poder así sumar resultados positivos a su favor, con lo cual sus miembros eran premiados con distinciones, permisos, bonificaciones e incluso con ascensos de cargos.
En esta ocasión, el ente judicial consideró irregular la actuación de la Policía, en especial la de agentes de la Estación de Turbaco, quienes realizaron un allanamiento en una residencia de esa población sin mediar orden judicial el 8 de abril de 2003.
Además del allanamiento ilegal, los agentes de la Policía procedieron a capturar a Isaías Niño Gómez y a dos de sus hijos, uno de ellos menor de edad para la época del hecho. Los adultos pasaron detenidos hasta octubre de 2006, cuando la Fiscalía precluyó la investigación en su favor; mientras el menor fue llevado a un centro de atención de menores contraventores.
El Tribunal tuvo en cuenta la decisión de preclusión de la Fiscalía, la cual determinó que además que no existía orden judicial alguna para realizar el allanamiento y que los uniformados se inventaron que los detenidos fueron hallados con explosivos y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, razón por la que fueron procesados como integrantes de la guerrilla de las Farc.
La Fiscalía no solo logró verificar que no existieron explosivos en la residencia de los detenidos, sino que los uniformes camuflados encontrados en la casa fueron colocados por los mismos agentes de la Policía para inculpar a los detenidos, quienes después de su captura fueron expuestos al día siguiente ante los medios de comunicación como milicianos del frente 37 de la Farc.
La Policía quiso hacer pasar como explosivo ante la Fiscalía algunos elementos usados en la orfebrería, labor que desempeñaba uno de los detenidos en su casa.
Después de estos hechos, el resto de la familia de los detenidos tuvo que cambiar de residencia ante el señalamiento de que era objeto por parte del vecindario donde se encontraban. Además de eso, pasaron necesidades pues el padre cabeza de hogar y que llevaba el sustento diario se encontraba detenido, pues sus hijos aún eran estudiantes, uno de básica secundaria y otro en segundo semestre de Economía, estudios que debieron abandonar.
En este nuevo proceso, la Fiscalía fue absuelta de condena alguna, por cuanto, aunque se demoró en decretar la libertad, descubrió durante su investigación sobre la ilicitud de los hechos.
Por casos similares, el Tribunal ha proferido en este año más de 10 condenas a favor de los afectados con capturas ilegales, condenando al Estado a pagar millonarias sumas.
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