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Condenan a autores de masacre de Mampuján y San Cayetano

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Ayer se conoció la prime-ra condena dentro del proceso de Justicia y Paz en el país, convirtiéndose a su vez en el primer proceso donde se determinan algunas medidas de reparación por los daños causados a las víctimas de paramilitares.

Luego de 10 años, las comunidades de San Cayetano, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, y de Mampuján, en el municipio de Marialabaja, obtuvieron ayer una respuesta judicial a los dos días de desgracia que afrontaron en marzo del 2000.
Los causantes de la masacre de 11 personas y del desplazamiento de centenares de familias por los hechos ocurridos el 10 y 11 de marzo del 2000 fueron condenados y conminandos a reparar a sus víctimas. Ello son los ex comandantes paramilitares Úber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, y Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, ambos del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, que operaba en el Norte de Bolívar y Sucre.
Ambos “paras” fueron condenados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a ocho años de prisión, la máxima pena que establece la Ley de Justicia y Paz.
Cabe anotar que si los condenados no hubiesen sido procesados bajo los parámetros de la Ley de Justicia y Paz, 'Juancho Dique' pagaría 39 años de cárcel, mientras que 'Diego Vecino' 38 años y seis meses de prisión.
Los delitos imputados fueron: desplazamiento for-zado, homicidio agravado, secuestro simple, hurto cali-ficado y agravado, utilización ilegal de uniformes de la fuerza pública y fabricación y porte ilegal de armas.
Aparte de esta pena deberán pagar cada uno una multa de 1.550 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente 800 millones), para la reparación de las víctimas de este hecho criminal.
Este hecho se da luego del esfuerzo de la comunidad y de autoridades como la Fiscalía, que desde hace diez años empezaron a buscar la forma de ser amparados por la justicia.

Los daños
En este proceso, tanto la Fiscalía como la CNRR determinaron que las comunidades afectadas sufrieron da-ños comunes materiales como la pérdida y deterioro de la vivienda, no uso de la tie-rra, pérdida total o parcial del modelo productivo, pérdida de los cultivos, pérdida de ganado y aves de corral, así como el incremento de gastos de comida, vivienda estudio y transporte.
En cuanto a los daños morales se habló de afectaciones emocionales causadas por los sentimientos de dolor, impotencia y miedo constante, así como la pérdida de interés en generar un progreso individual, familiar y social.

Se sienten estigmatizados

Según Yolanda Gómez Martínez, fiscal 11 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el daño más grande que afrontan las comunidades de San Cayetano y Mampuján, al igual que las veredas La Brisas, entre otras, es la estigmatización, pues siguen siendo sindicados de guerrilleros o auxiliares de la guerrilla, siendo que eran unos humildes campesinos que lo han perdido todo.
Es por ello que la fiscal solicitó que inicialmente la comunidad tiene derecho a que se repare su buen nombre y luego los daños materiales.
La Fiscalía expuso que además del estigma como guerrillero que les toca afrontar, también han sido víctimas de un proceso de desintegración familiar a causa del desplazamiento, ya que varias familias tuvieron que separarse o dividirse para buscar cómo sobrevivir. A todos esos núcleos familiares se les debe reparar por los daños inmateriales y materiales, tanto de manera individual como colectiva.

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