Condenan a docentes por caso de abuso a niños

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena deberá decidir si mantiene o no una larga condena de primera instancia impuesta contra dos docentes y la rectora de un jardín infantil, en esta ciudad, investigada por acceso carnal violento, acto sexual violento y pornografía con menores de 14 años. Por estos delitos, el juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena, Alfredo Bettín Sierra, condenó a la pena de 36 años y 6 meses a las docentes Gina Ramírez Salazar y Tatiana Gómez Triana, al igual que a la rectora del Jardín Infantil Inmaculada Concepción, Judith Jiménez de Newball, a quienes le impusie-ron una multa de 300 salarios mínimos mensuales vigentes, que equivale a aproximadamente a $149 millones. Así mismo, dicho juzgado condenó a las procesadas al pago de una indemnización conjunta de 300 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales a 5 familias de igual número de menores afectados con las supuestas violaciones y casos pornográficos. Para su condena se basó en que las docentes defraudaron a los padres que le confiaron a sus hijos para su educación y formación, atentando contra su dignidad y libertad sexual. Los hechos Los hechos se remontan al mes de diciembre del 2006, cuando varios padres de familia, que tenían sus hijos entre 3 y 7 años de edad, denunciaron ante la Fiscalía los supuestos abusos y vejámenes sexuales a que eran sometidos sus niños en dicho plantel educativo, ubicado en el barrio La Concepción, zona residencial de esta ciudad Cartagena. Según la sentencia del Juez Bettín, varios de los niños afectados relataron a las autoridades, las situaciones a que fueron expuestos en el plantel educativo. Agregaron que les hacían todo tipo de caricias, abusaban sexualmente de ellos y los fotografiaban. Los relatos de menores apuntan a que los hechos los cometían un “hombre malo”, el cual no aparece en el proceso y al parecer contaba con la complicidad de algunas docentes. El Juez reiteró la orden de captura que se impartió hace varios meses contra la rectora del plantel educativo, Judith Jiménez de Newbal, quien se encuentra prófuga de la justicia, luego de habérsele dado el beneficio de libertad provisional. Sobre este caso muchas han sido las versiones y las contradicciones. Algunos padres de familia que denunciaron en su momento señalaron que los niños eran llevados a una finca entre Turbaco y Arjona, donde eran obligados a posar desnudos ante cámaras fotográficas y de vídeo. Algunos padres alegan violaciones contra los menores, pero también otros se retractaron de las denuncias públicas que habían hecho. Al iniciar la investigación, la Fiscalía de Cartagena detuvo a la directora del plantel, Judith Newball; a su hijo Neil Newball y a una docente. Se realizaron allanamientos al plantel educativo, así como en otras propiedades de la familia Newball, según dio a conocer la Fiscalía en su momento. Días después, la directora del plantel recobró su libertad y posteriormente se dictó nueva orden de captura en su contra, pero hasta la fecha no ha podido ser detenida. Su hijo salió libre al no encontrarle pruebas en su contra. Para recuadro Insisten en su inocencia Ante esta situación, el abogado de la docente Tatiana Gómez, Ricardo Morales Cano, rechazó la decisión actual, calificándola de infortunada e imprecisa. Un tanto descontroladas y tristes, las docentes Gina y Tatiana, quienes se encuentran recluidas en la cárcel de San Diego de esta ciudad, manifestaron su des-contento con el fallo e insisten que hay una persecución en su contra, pues las autoridades judiciales no han investigado profundamente, al contrario se basan en argumentos de niños en los que ni siquiera ellas son mencionadas. Insisten en que ni la Fiscalía, ni el Juzgado validaron las pruebas a su favor y le negaron todas su solicitudes, incluso la práctica de la prueba polígrafo, en lo cual siguen insistiendo. Es más aún poseen en sus manos copias de documentos de Fiscalía que niegan haber encontrado pruebas, cd’s, u otro tipo de material que demuestren el hallazgo de material pornográfico de los niños del plantel donde laboran. Señalan que las autoridades judiciales siempre les han negado la oportunidad de defenderse, por lo que consideran que hay intereses “oscuros” tras este caso, pues hasta varios padres de familia se han retractado de algunas denuncias, las cuales fueron contra el plantel y no a ellas. Denuncian que en el proceso se han estado manipulando versiones de los menores, hasta tal punto que existen muchas contradicciones, pero que el Juez, al parecer, no tuvo en cuenta. Dicen que es tanto el interés que se tiene en el proceso, que hasta la condena que les impusieron ha sido más grande que la impuesta al reconocido “Garavito”, el homicida de niño más grande que ha tenido Colombia. Ahora se aferran a la esperanza que el Tribunal Superior revisará bien el proceso y echará atrás, a la que califican, injusta y absurda decisión, pues estaban confiada que la sentencia les favorecería y que pasarían este diciembre junto a sus familiares. Mientras ello ocurre siguen contando con el apoyo que sus compañeras reclusas le dan en el interior de la cárcel, pero sus lagrimas siguen siendo ahora más intensas.