Condenan a Fiscalía por la detención de una persona

En esta ocasión, el ente investigador deberá desembolsar cerca de $112 millones a una persona, quien permaneció un año detenido, entre enero de 2003 y enero de 2004, en la cárcel de Ternera de  esta ciudad por orden de la Fiscalía Seccional.
La persona demandante fue detenida luego de un cruce de disparos con dos personas a bordo de una moto, que minutos después se determinó que eran detectives del DAS.
El hecho se presentó el 28 de enero de 2003 en la Avenida El Consulado, en cercanías al Hospital Universitario de esta ciudad, cuando el demandante junto a dos amigos se desplazaban  a bordo de una vehículo particular y se dieron cuenta que eran seguido por dos sospechosos a bordo de una moto.
Según narra la sentencia condenatoria del Tribunal, los motorizados sobrepasaron el vehículo en una intercesión cerca al HUC y al parecer su parrillero empezó a disparar. Sin embargo, el DAS alega que fue el demandante y sus amigos quienes emprendieron fuego contra los detectives.
Lo cierto es que en el cruce de disparo resultó un detective muerto y el demandante herido, siendo detenido minutos después en  una clínica de la ciudad cuando recibía atención médica. Junto a él fueron capturados sus dos amigos, entre ellos un ex agente de la Policía.
El DAS alegó que sus miembros se encontraban en una misión oficial, siguiendo a los ocupantes de un vehículo, sindicados de pertenecer a una banda delincuencial que se dedicaba al secuestro y sicariato. A quienes buscaban se trasladaban en un vehículo similar al usado por el demandante y sus amigos.
La libertad del demandante se da luego que fuese la misma Fiscalía, después de una año, que determinara que la investigación realizada por el fiscal inicial estuvo “floja” y que ni siquiera tuvo en cuenta que el detenido y sus amigos ni siquiera tenían denuncia, ni orden de captura en su contra, además que las armas usadas por éstos estaban debidamente amparadas. Éstos fueron investigados por homicidio y porte ilegal de armas.
Otras de las pruebas fue que uno de los detenidos fue quien llamó en varias ocasiones a la Policía, dándole a conocer los hechos.
Entre tanto, la Fiscalía alegó en su defensa que se limitó al ejercicio de sus funciones y que por ello no se le podía atribuir falla en el servicio y que en todo momento se les respeto a los investigados su derecho a la defensa.
Ante este hecho, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que la preclusión de la investigación contra éstos señores porque no se les probó la comisión de los delitos, además que no existió el delito de porte ilegal de armas porque el demandante y sus compañeros acreditaron la legalidad de las mismas desde un principio y sin embargo siguieron detenidos.
Concluye el Tribunal que fue mayor el daño que se le causó a un ciudadano inocente que la incidencia que tuvo su captura dentro de la investigación, sin haber tenido en cuenta su presunción de inocencia debido a lo confuso de los hechos.
Debido a estos hechos, el Tribunal condenó a la Fiscalía a pagar cerca de $82 millones de pesos a la persona afectada.