Uno de los casos, relata la historia de un comerciante que pasó tres años en la cárcel en virtud de una medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Seccional de Cartagena. Al final, un juez penal lo absolvió por falta de pruebas en su contra y por tal situación ahora la Nación debe pagar una indemnización de aproximadamente $138 millones.
El caso sucedió con un comerciante cartagenero que se dedicaba a la organización de espectáculos musicales, al cual un 23 de enero de 1999 fue detenido por agentes de la Policía con talonarios de rifas, presuntamente ilegales.
Solo hasta en febrero de 2002, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena lo absolvió y pudo así recuperar su libertad, pero a lo largo de los años con medida de aseguramiento su familia afrontó difíciles situaciones económicas, dado que éste era el que conseguía el sustento diario y al verse impedido para laborar se cayeron todos sus negocios.
La situación se puso tan dura que varios de sus hijos debieron abandonar sus estudios para poder trabajar.
Esta caso pasó a manos del Tribunal Administrativo de Bolívar luego de una demanda de reparación interpuesta por el comerciante.
Según el Tribunal, la Fiscalía debió realizar una investigación profunda sobre el caso.Concluye que la investigación fue deficiente, no había pruebas, ni soporte que endilgarán que el comerciante estaba vendiendo rifa ilegal, siendo estas circunstancias algunas de las razones que tuvo el Juzgado Tercero Penal del Circuito para absolverlo.
Otro caso
En otro caso, la Fiscalía debe pagar cerca de $87 millones a un abogado de Cartagena y a su familia por la injusta detención de la que fue objeto por 6 meses y 12 días.
El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que hubo falla en el servicio, por cuanto jurídicamente el abogado Alberto Mercado pues fue más el daño que causó la detención de esta persona que la incidencia que tuvo tal actuación en el proceso penal.
Además de abogado, Mercado fungió como docente de la facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena desde 1979 hasta junio del 2000, cargo al que renunció por cuanto fue objeto de detención y afrontaba casa por cárcel debido al proceso judicial.
Mercado fue procesado como cómplice del delito de peculado por apropiación y fraude procesal dentro de la investigación que cursaba por las irre-gulares y millonarias conciliaciones firmadas entre el Ministerio de Transporte y la empresa Dragacol, tema ampliamente debatido en el país.
El fungió en una demanda contra el Ministerio de Transporte como apoderado de Dragacol y por eso fue vinculado a la investigación.
Ante la demanda, la Fiscalía respondió al Tribunal que existían pruebas serias en el proceso penal que condujeron a dictarle medida de aseguramiento contra el abogado y que el hecho de haber precluido la investigación a favor de éste no quiere decir que el ente investigador haya efectuado apreciaciones erradas.
Sin embargo, el Tribunal consideró que al profesional del derecho debía indemnizársele por cuanto en ningún momento la Fiscalía tuvo en que cuenta la presunción de inocencia de éste y que solo lo mantuvo detenido para aclarar dudas en la investigación.
El tribunal ordenó indemnizar tanto al abogado como a su padre e hijos debido a los perjuicios morales causados.
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