Cartagena


Condenan a la Policía por muerte accidental de agente

JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ

19 de septiembre de 2011 12:01 AM

El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que la Policía Nacional deberá pagarle a la familia del agente fallecido aproximadamente $300 millones.
El hecho ocurrió en horas de la noche del 18 de diciembre de 2002, cuando el agente Adolfredo González, salió con un compañero a patrullar en una motocicleta, dado que fueron informado del atraco a un bus en un sector de San Francisco.
Los agentes lograron detener a un joven menor de edad, a quien trataban de llevar al CAI de San Francisco, cuando se disparó repetidamente una subametralladora (uzzi).
La Policía informó que el menor intentó huir y por ello trató de desarmar a uno de los uniformados, logrando disparar en varias ocasiones y dándole muerte al agente González. Se dijo que el sujeto detenido también resultó herido al no lograr controlar el arma.
Hubo un informe del comandante de Policía de Bolívar en ese entonces, coronel Jesús Antonio Gómez Mendez, que corrobora lo expuesto anteriormente. 
Sin embargo, las investigaciones permitieron aclarar que fue al agente acompañante del uniformado fallecido a quien se le disparó el arma cuando se aprestaba a montarse en la moto en la que patrullaban.
Se determinó que fue un hecho accidental y el policía fue absuelto penal y disciplinariamente.
Sin embargo, el Tribunal comprobó que hubo una falla en el servicio y por lo tanto la Policía Nacional debía responder por los daños causados a la familia del agente González.
La falla del servicio radica en que, según el Tribunal, se logró evidenciar que al agente se le olvidó asegurar el arma, después de haber  realizado varios disparos al aire para contener a una turba que pretendía arrebatarle al delincuente.
Aunque señala que no hubo intención del agente en causar daño a su compañero, se señala la culpabilidad de la institución, dado que el fallecido se encontraba en servicio activo, al igual que el Policía al que se le disparó el arma de dotación.
A juicio del ente judicial, la institución policial debe inculcarle permanentemente a sus miembros sobre el manejo y cuidado de sus armas, pues una negligencia como la presentada en este caso puede conllevar a consecuencias fatales.

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