La contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, pidió la suspensión inmediata del alcalde Campo Elías Terán, junto a tres funcionarios más de la Alcaldía, para que no se afecte el patrimonio público ni la investigación fiscal que abrió el ente de control por el presunto detrimento patrimonial que podrían ocasionar los “graves hecho fraudulentos” que se detectaron en el contrato de aseo celebrado el 28 de mayo de este año entre la Secretaría de Educación Distrital y la firma de Chemical Products, por $5.893 millones.
Los otros funcionarios son la secretaria de Educación, Rosario Ricardo Bray; la directora administrativa y financiera de esa Secretaría, Aminta Sierra de Chimá; y Judith Pérez Rodríguez, profesional especializada de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía. La suspensión de Terán Dix se haría efectiva una vez terminada su incapacidad médica.
El objeto del contrato firmado es la “Prestación del Servicio de Aseo Integral para las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias…;”.
Entre los hallazgos fiscales detectados por el ente de control en el contrato se encuentra “que el contratista no ha efectuado a cabalidad los correspondientes aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados y los que presentó como soporte para el cobro de sus facturas a la entidad figuran a nombre de una persona jurídica distinta, presuntamente falsificó las planillas para conseguir los pagos de los servicios prestados”.
Según la Contraloría, el actuar de estos funcionarios públicos “puede continuar poniendo en riesgo al patrimonio público y eventualmente afectar la investigación fiscal que se adelanta por parte del ente de control, ya que son quienes vienen interviniendo en los hechos que se investigan”.
Advertencias
En agosto de este año, tanto el personero distrital, William Matson, y el contralor, Mario Féliz Monsalve, habían pedido al alcalde Campo Elías Terán revocar la firma del contrato con la empresa de Adolfo Herrera. (Lea también Crece escándalo por los contratos con Chemical)
De hecho, a pocas semanas de su nombramiento, el jefe jurídico de la Alcaldía, Fabio Castellanos, indicó que revisaría los contratos para verificar a nombre de quién se hicieron y, en caso de demostrarse la ilegalidad, iba a pedir la nulidad absoluta.
La Contraloría General realiza un control excepcional en la ciudad para inspeccionar fiscalmente varias contrataciones.
