Contraloría indaga por bienes de diputados

La Contraloría Departamental de Bolívar iniciará un proceso de indagación sobre los bienes o propiedades de ex gobernadores, ex y actuales diputados de Bolívar, a raíz de una investigación fiscal que cursa por un posible detrimento causado al Departamento cercano a los $900 millones. Ello tiene como objetivo que en caso de determinarse alguna responsabilidad fiscal de los ex gobernadores y diputados asegurar el pago del posible detrimento al Departamento. Esta investigación hace parte del proceso de responsabilidad fiscal contra los ex gobernadores y diputados durante la vigencia 2007-2008 que inició la Contraloría Departamental desde agosto de 2010 y que se originó por orden de la Gerencia de la Contraloría General de la Nación que estimó que hubo un detrimento al Departamento de $874 millones 300 mil. El hecho está relacionado con el excesivo pago de salarios de los diputados. Además de los ex gobernadores Libardo Simancas y Joaco Berrio Villareal deben comparecer a declaración libre y espontánea ante la Contraloría los diputados Luz Estela Cáceres, Andrés Ricaurte, Alejandro Arrazola, Ricardo Posada,Judith Ferrer, Colombia Aduen, Lorenzo Hodeg y Evelio Montes. Así mismo deben comparecer Jorge Tafur, Adolfo Malo, Fredy Torres, Vicente Blel, Eder Florez, Luis Carlos Fuentes, Miguel Aguilera, Jorge Rodríguez Sossa, Orieta Vazquez, Bertha Pérez, Natalia Turbay, Carlos Felix Monsalve, José Felix García y Sigilfredo Tapia. Por esta investigación, la Contraloría Departamental decretó la práctica de pruebas y ordenó tanto a la Asamblea Departamental certificar cuáles de los investigados están activos, sueldos ganados, copias de declaración de bienes de éstas personas al momento de tomar posesión del cargo como diputados. Hechos Esta investigación se inició toda vez que el Departamento de Bolívar para la vigencia 2007 se encontraba en categoría tercera y canceló a cada diputado una remuneración de 11.2 millones, cuando lo correcto era $7.8 millones como lo estipulaba el articulo 28 de la ley 617 de 2000. Así mismo sucedió en la vigencia de 2008, los diputados recibieron pagos de sueldo de $11.5 millones cuando debían devengar $8.3 millones. Las sumas pagadas en exceso también incidieron en un mayor pago en prestaciones sociales, por lo que el presunto detrimento es mayor, ocasionando un desequilibrio financiero en el presupuesto del Departamento.