Por presuntas irregularidades en la contratación de $1.300 millones, gastados durante la declaratoria de Urgencia Manifiesta para atender la emergencia invernal en noviembre de 2010, la Contraloría Distrital inició un proceso sancionatorio contra la secretaria de Interior del Distrito, Sindis Meza Pineda.
Según la Contraloría, aunque la administración Distrital se ajustó a la normatividad legal para la contratación requerida y así atender la situación excepcional de emergencia y calamidad pública, la Secretaría del Interior, al ejecutar algunos contratos, no cumplió con rigurosidad los lineamientos de ley que, para tal fin, dispuso el Consejo de Estado.
El contralor Distrital, Hernando Sierra Porto, indicó que se encontraron inconsistencias en la publicación en la Gaceta Distrital, la aportación y verificación de requisitos de habilidad jurídica de los contratistas, tales como antecedentes judicial, disciplinario y de responsabilidad fiscal; elementos que informen del justo precio o precio de mercado de los artículos adquiridos; y demás documentos que dan cuenta del cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad, e igualdad, entre otros, y que deben observarse aún en urgencia manifiesta como modalidad de contratación directa.
Sierra Porto precisó que lo cuestionado es la contratación para atender la urgencia manifiesta. “Se contrataron $1.300 millones y los funcionarios responsables debían enviar inmediatamente todos los contratos que se iban generando para el control de la Contraloría. Lo hicieron, pero cinco meses después. Pero además, después de iniciar una investigación se corroboró que la contratación no cumple con la Ley 80. Uno de los contratos que llama la atención es el de arriendo de vehículos por $77 millones para transportar las ayudas, donde no se exigieron garantías, ni se hizo acta de liquidación. Hay otros contratos donde el interventor no certifica el cumplimiento del objeto contractual. Además, para comprar las ayudas no se hizo estudio de precio de mercado”, dijo Sierra Porto.
“El Distrito no tiene disciplina para cumplir con las exigencias que le impone la ley y usa la Urgencia Manifiesta para hacer una contratación sin control. Los contratos ejecutados tienen unas fallas protuberantes de acuerdo a la rigurosidad de la ley de contratación. De ahora en adelante, la Dirección Técnica de Auditoría de la Contraloría adelantará la verificación del cumplimiento de la ley”, dijo Sierra Porto.
Consejo de Estado
Sobre la contratación pública en los casos excepcionales, como el de la urgencia manifiesta, Sierra Porto citó el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, de marzo 24 de 1995, con ponencia del Consejero Luis Camilo Osorio.
“La sala estima, con fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante enviará los contratos originados en la Urgencia Manifiesta, el acto administrativo que la declaró y los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, al funcionario u organismo de control fiscal, inmediatamente después de celebrados los contratos, en seguida, sin ninguna dilación, preferiblemente a más tardar al día siguiente, esto es, dentro de las 24 horas, si originados en la urgencia, estos, acompañados con el acto declarativo, los antecedentes y las pruebas de los hechos que le dieron origen, deberán ser remitidos a la Contraloría a fin de que dicho organismo se pronuncie sobre los supuestos y las circunstancias que determinaron la declaración”.
“Así mismo, y como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Contraloría Distrital, en el evento de declaratoria de Urgencia Manifiesta como en todos los demás casos de contratación directa, ‘la selección del contratista no puede ser caprichosa o a dedo, sino que deberá recaer en aquellos ofrecimientos que resulten ser los más ventajosos para la Entidad y para los fines que persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés particular y en general cualquier clase de motivación subjetiva”, remata el Contralor.
Por último, indicó que esta situación también motivó a la Contraloría a remitir la resolución a la Procuraduría Provincial para la investigación disciplinaria, y a la Dirección Técnica de Auditoría de la misma Contraloría para la verificación de los resultados de la gestión y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Con el decreto en mención, la alcaldesa Judith Pinedo Flórez declaró la Urgencia Manifiesta en el Distrito de Cartagena, lo que explica la modalidad de contratación directa llevada a cabo en trece contratos para conjurar la situación de crisis y calamidad pública. Sin embargo, advierte el ente de control, no se justifica que los citados contratos se celebren y ejecuten sin el lleno de los requisitos legales, en cuanto a su formalidad legal, otorgamiento de garantía en los casos que se requieren.
Meza: “No conozco la resolución”
La secretaria del Interior del Distrito, Sindis Meza Pineda, al ser consultada por este medio indicó que aún no conoce la resolución de la Contraloría y por eso no puede dar respuesta.
“Espero que me envíen la información respectiva para hacer la aclaración correspondiente. Se obró con transparencia y todo lo que se hizo fue para contrarrestar los efectos de la ola invernal”, recalcó.
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