Cuatro contratos celebrados en diciembre del año pasado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), suscritos por la ex directora de esa entidad, Ruth Lenes Padilla, aún no se ejecutan porque tendrían vicios de ilegalidad, según lo deja entrever Cecilia Bermúdez Sagre, directora de este organismo ambiental distrital.
Los contratos son para:
1-Suministro y siembra de plántulas, con presupuesto de $103’938.142.
2-Inventario del arbolado urbano de Cartagena, por valor de $614’489.000.
3-Elaboración del mapa digital de ruido ambiental en el perímetro urbano de la Localidad Industrial de la Bahía, por $239.994.720.
4-Identificación de los componentes de biodiversidad amenazada y en vía de extinción en la Ciénaga de la Virgen, por valor de $313’709.820.
Tales contratos fueron suscritos entre el 22 y 29 de diciembre del 2010 por valor global exacto de 1.272 millones 131 mil 682 pesos y debían estar terminados en un lapso de entre 1 y 6 meses, dependiendo de su objetivo.
Para determinar la legalidad de estos compromisos, Cecilia Bermúdez, del EPA, envió la documentación a la Contraloría Distrital, para su análisis.
Igualmente la Alcaldía envió tres de estos contratos (con excepción del de siembra de plántulas) a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer si suspende o continúa con los contratos.
En carta dirigida a los organismos de control e investigación, Bermúdez indica que pone a su consideración toda la información “para los fines de la función preventiva”.
Señala vacíos
Una de las preocupaciones señaladas por la Directora del EPA sobre estos contratos celebrados en diciembre de 2010 y el plazo para su ejecución sobrepasan la vigencia de ese año.
Explica que conforme al principio de anualidad, los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignarán los aspectos fiscales que afecten los tributos del Estado.
Otra insuficiencia indicada por Bermúdez Sagre sería la carencia de firmas de los contratistas en los documentos de los contratos referentes al censo de arbolado y la elaboración del mapa de ruido de la Localidad 3.
Todos los contratos deben publicarse en la Gaceta del Distrito, pero los mencionados no fueron publicados, de modo que, según Bermúdez, incumplen la obligación sustentada en el Parágrafo 3 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que advierte que la “publicación de los contratos es una obligación legal”.
La otra preocupación expuesta por la funcionaria corresponde a las pólizas de seguro presentadas, las cuales sin embargo no fueron aprobadas por la entidad ambiental a pesar de que la presentación de este respaldo o garantía se hizo el 6 de enero de 2011, es decir, dentro de la fecha convenida con el contratista.
“Mi gestión fue limpia”
Respecto de las prevenciones señaladas por la Directora del EPA, la ex directora de ese mismo organismo, Ruth Lenes Padilla, expone que siempre tuvo prisa por ejecutar el plan de desarrollo y el plan de acción de la entidad, “porque los compromisos adquiridos son de obligatoriedad”.
Agrega que el argumento de que estos contratos pasaron la vigencia porque fueron firmados en diciembre del año pasado, “no es coherente, porque son muchos más de 4 contratos que fueron firmados en diciembre y Bermúdez los ha pagado y los ha terminado de ejecutar, sino que éstos (los que cuestiona Cecilia Bermúdez) son de mayor cuantía”.
Añade Lenes Padilla que las contrataciones se hicieron a final del año pasado porque los recursos ingresaron a la entidad en el segundo semestre del 2010, o sea en ese mismo año.
“Estos recursos no los tenía el EPA, pero los gestionamos para poder ejecutar estos proyectos y de esta manera cumplir con el plan de acción”, complementa.
Estas contrataciones las autorizó el Consejo Directivo del EPA, incluso “por más de lo que me estaba permitido”, agrega.
Por otra parte, la ex Directora del EPA asegura que los contratos sí fueron publicados, de la siguiente forma: dos en la Gaceta Distrital y los otros dos en la Imprenta Nacional, “y eso esta permitido, la Nacional es mucho más consultada y conocida, de modo que eso no es argumento para anular o censurar un contrato”.
La ex funcionaria agrega que “tampoco hay malversación de firmas, los contratistas firmaron las actas de inicio que vienen después de la firma de los contratos y con eso ratifican su poder”.
“Mi contratación y gestión fue limpia y está contemplada en la rendición de cuentas de la alcaldesa Judith Pinedo”, concluye Lenes Padilla.
Lo importante es tomar una decisión: Contralor
Mientras los organismos de control determinan si hay vicios o no, los cuatro contratos en cuestión siguen en espera de ser ejecutados o anulados si es el caso.
“Cecilia Bermúdez como Directora del EPA tiene toda la potestad para actuar sin esperar a que un ente de control se pronuncie, lo importante es tomar la decisión”, expresa Hernando Sierra, contralor Distrital.
Al respecto la Directora del EPA dice que “no soy órgano de control, ni juez del contrato, en tal sentido me sujeto a la legalidad que nos rige a los funcionarios públicos, y en este orden, si el órgano de control fiscal no se pronuncia oportunamente, sí podría eventualmente haber un daño al patrimonio público”.
“Quiero defender los intereses del EPA”
“Desde que me enteré de la existencia de dichos contratos, y a fin de defender los intereses del EPA, no los he iniciado ni he pagado valor alguno, al tiempo que he manifestado a los contratistas las irregularidades jurídicas, tanto fue así, que en el del Censo Arbolado ya hubo renuncia al contrato por parte del contratista, renunciando explícitamente a no contrademandar al EPA”, expresa Cecilia Bermúdez, directora del EPA.
“Debo informar –agrega– que sólo hasta el día de ayer (miércoles) me enteré de parte de la Contraloría Distrital, de una indagación preliminar iniciada por la contratación del Censo Arbolado, por una denuncia del ciudadano Haroldo Rodríguez, pero desconozco el trámite que se ha impartido a los hechos que yo expuse”.
Renunciaron
Unión Temporal Censo Arbolado Cartagena renunció a la ejecución del contrato para contar los árboles de la zona urbana de la ciudad, ante la polémica generada en torno de las supuestas irregularidades en ese y otros contratos del EPA.
Laura Andrea Galvis Guevara, representante legal de Unión Temporal Censo Arbolado, envió carta al EPA manifestando que las empresas que conforman este grupo contratista no quieren seguir viéndose involucradas en escándalos que “enlodan y dañan su reputación”.
La firma contratista igualmente renunció a la reclamación legal de este contrato, suscrito por 614 millones 489 mil pesos.
Cecilia Bermúdez, directora del EPA, por su parte considera este acto del contratista como “decente y sensato”.
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