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Corrupción, un mal en las cárceles

La fiesta del ex congresista Juan Carlos Martínez, investigado por sus nexos con grupos paramilitares, contó con la presencia de 35 invitados, entre los que se contaban un ex gobernador del Valle (según una versión no confirmada) y dos congresistas, amenizada por el cantante de la Orquesta Guayacán y convertida en un verdadero jolgorio de baile, comida y bebida.

Por este hecho, que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó como “un relajo”, el Gobierno anunció una reforma estructural al sistema penal y penitenciario, que se presentará en marzo, “pues (el sistema) está sumido en una profunda corrupción administrativa”.

Las evidencias sobre la necesidad de introducir variantes severas surgieron dos semanas antes de este hecho, esa vez por cuenta de excesos cometidos por uniformados presos en guarniciones militares.

La crisis desatada el fin de semana por la fiesta resultó con agravantes debido a que el mismo dirigente vallecaucano ya había protagonizado otro escándalo, en enero de 2010, cuando se comprobó que había iniciado una remodelación en su celda con el permiso de las directivas del centro penitenciario, bajo la excusa de que su habitación “tenía problemas de humedad e iluminación”.

Esas reformas incluyeron la instalación de lámparas y enchapes en madera, pintura general y el derrumbamiento de dos paredes, para que su celda pasara de 12 metros cuadrados a casi 30.

Sin embargo, las investigaciones internas abiertas para descubrir a los responsables de dichas irregularidades terminaron cuando el  coronel Carlos Alberto Barragán, como subdirector del Inpec, señaló que ni la guardia ni funcionarios del centro carcelario se habían percatado de la “remodelación”.

Por ello, al excongresista Martínez se le dejó en el mismo pabellón y nunca más, hasta ahora, se volvió a hablar del tema.

En el pabellón de la parapolítica se han registrado numerosos escándalos de corrupción, que van desde continuas permisos para visitas médicas, sin registro alguno (por lo que a veces duraban días) hasta suntuosas reuniones con amigos que entraban, como ‘Pedro por su casa’, a las cárceles para ser atendidos en las cocinas diseñadas exclusivamente para los congresistas investigados, por orden del director del Inpec en 2007, general Eduardo Morales Beltrán.

Cómo solucionar la crisis

Según el sociólogo, antropólogo y decano de humanidades en la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, “en las cárceles rige la ley del más fuerte y del más poderoso; las personas con mayor poder adquisitivo o político imponen sus normas y sus leyes y hacen lo que quieren”.

Recordó que en todo el mundo se presentan hechos de corrupción administrativa: “Los guardianes ayudan a ingresar artículos de contrabando a cambio de unos ingresos adicionales”.

Para la analista política Claudia López, “El problema no son las normas, estas están escritas y son muy claras. El problema es que ni el Ministerio del Interior ni el Inpec son capaces de aplicarlo. No hay nada que justifique que los parapolíticos tengan un régimen penitenciario distinto, como si estuvieran en un club social”.

Mientras unos gozan de celdas privadas, amobladas, tienen incluso cocinas privadas para preparar sus alimentos y televisión para las horas de ocio, hay otros que viven en hacinamiento, sin cama sino que tienen que acomodarse en el suelo y las comidas básicas son raciones mínimas”.

Hizo hincapié en que el régimen penitenciario en Colombia señala que un reo tiene derecho a una visita por semana, máxima de dos personas, más la visita del abogado entre semana y en un horario predeterminado.

“Sin embargo los parapolíticos tienen cuatro días de visita, salen a citas médicas muchas veces inexistentes y otra clase de beneficios. Eso no tiene razón de ser”.

Todas las críticas apuntan al Inpec

Después de la salida de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Teresa Moya Suta, en febrero de 2010 por otro escándalo: la fuga de Dúmar de Jesús Guerrero Castillo, alias ‘Carecuchillo’, desmovilizado de las Autodefensas, el puesto quedó en manos de un encargado, mientras decenas de reconocidos personajes de la vida pública le decían no al ofrecimiento de llegar al cargo.

Hasta cuando en diciembre pasado el general Gustavo Adolfo Ricaurte, aceptó el puesto anunciando una reestructuración interna administrativa y de personal, para así “evitar cualquier acto de corrupción”.

A los escándalos de Tolemaida y La Picota, se suman denuncias contra el ex senador Vicente Blel, condenado a siete años por sus nexos con los paramilitares, quien obligó a los miembros de la guardia a trasladarlo a la Clínica El Country y no al centro médico autorizado por el Inpec donde inicialmente debía ir a cumplir una cita de rutina.

Los guardianes del Inpec, dicen fuentes de la entidad que pidieron reserva de su nombre, no tienen más remedio que cumplir con lo que les dicen los exdirigentes políticos, pues ha ocurrido en múltiples ocasiones que si no hacen caso a lo que les ordenan, terminan trasladados a otras cárceles, lejos de sus familias.

 

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