Corte Constitucional ordena suspender proyecto Vía a Barú

La construcción de la vía a Barú que se adelantaba en la zona insular de Barú,  fue suspendida por la Corte Constitucional, al confirmar un fallo de tutela a favor de las comunidades negras de Barú, Ararcá y Santa Ana, poblaciones por donde esta  ruta pasa.El magistrado cartagenero Humberto Sierra Porto, ponente de la tutela,  confirmó a El Universal que el fallo ordena al Distrito de Cartagena y al Consorcio Vía a Barú, suspender los trabajos de inmediato hasta tanto no se hagan las socializaciones y consultas respectivas a los nativos de la zona.
Según el magistrado ponente, estas consultas con los nativos afectados no se han realizado.
Dentro de las consideraciones de la Corte, está principalmente el alto impacto ambiental que genera el proyecto de la vía que interconectará a Cartagena con la Isla de Barú.
Además, para el fallo, la Corte tuvo en cuenta los oficios y labores de los nativos afrodescendientes, (Pesca, y Turismo) que se ven afectados por los trabajos.
Las obras son adelantados por el Consorcio Vía a Barú, y dependen del departamento de Valorización Distrital.
La decisión de la Corte Constitucional es otro revés para el proyecto cuyo avance se ha visto afectado por las fuertes lluvias, la falta de abastecimiento de agua en la zona, y trámites legales ante el Ministerio de Ambiente y Vivienda que aún no otorga las licencias para avanzar en las obras de Playetas y Pasacaballos.
Desde noviembre de 2010, los habitantes de los poblados de Santa Ana, Ararca y Barú denunciaron que la construcción de la transversal Vía a Barú había traído más problemas a sus comunidades.
“Los trabajos no se estaban realizando con regularidad y durante la pasada temporada invernal estuvieron estancados, afectando más a nuestras comunidades”, expresó David González Cardales líder de la Isla de Barú.
El costo de la Transversal Vía a Barú ronda los 50 mil millones de pesos, y cubre una ruta de 32 kilómetros.

Distrito se pronuncia
 La Alcaldía de Cartagena informó anoche que hará lo que Administraciones pasadas no hicieron a cabalidad y que obligaron a la Corte Constitucional a ordenar la suspensión de las obras de adecuación de la vía transversal de la isla de Barú.
“En distintas ocasiones el actual gobierno de la Alcaldesa Judith Pinedo Flórez ha dicho que las consecuencias de las malas contrataciones hechas en el pasado, las termina pagando la ciudad”, anunció un comunicado del Distrito.
La Corte consideró que en el 2006, cuando se realizó el proceso de contratación de la vía a Barú, el gobierno del entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, “no efectuó un real proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes que habitan la zona de impacto de la iniciativa (obra)”.
Aunque en octubre del 2006, la Administración de Curi Vergara aseguró a la Corte  haberse reunido con representantes de las comunidades negras de Barú, antes de celebrar el contrato de ejecución con la firma Consorcio Vial Isla de Barú, los magistrados consideraron que estos encuentros no fueron “…;los escenarios propicios para ejercer un derecho efectivo de los afrodescendientes a participar de la toma de decisiones”.
La prensa nacional cita la sentencia de la Corte que determina que “simples reuniones no tienen la virtualidad de satisfacer las exigencias del derecho a la consulta en las condiciones previamente expuestas. Para que, por el contrario, se hubiese observado plenamente el ámbito de protección trazado por este derecho…;”.
La actual Administración del Distrito de Cartagena (2008-2011), en cabeza de la alcaldesa Pinedo, que encontró el contrato de las obras formalizado, insiste en que se notificará del fallo para realizar los trámites y cumplir los requisitos de ley que se requieran, que gobiernos anteriores a su mandato no hicieron a cabalidad, y que, a la postre, motivaron la sentencia en contra del desarrollo de la construcción de esta importante vía.
 Según el reporte de un diario capitalino, conocido hoy jueves, “a través de la Sentencia T-745 de 2010 proferida por la Sala Octava de Revisión, la Corporación citó disposiciones de organismos multilaterales, así como sustentos constitucionales y legales que ratifican la obligación de las autoridades de consultar con los grupos étnicos cualquier decisión que afecte el normal desarrollo de su vida en comunidad”.
El proyecto busca reparar y modernizar la transversal de Barú que, además, constituye la entrada a los poblados de Ararca y San Ana. Desde el inicio de su Gobierno, la Alcaldesa Pinedo ha velado porque los procesos contractuales se hagan de manera transparente y porque se defienda el buen uso de los recursos de todos los contribuyentes de su ciudad.