Crece pérdida de manglares en La Boquilla por culpa del escombro

Más de 200 hectáreas de mangle se han perdido en el corregimiento de La Boquilla, por cuenta de los rellenos con escombros en la zona del Anillo Vial. Así lo aseguró el presidente del “Consejo Comunitario de La Boquilla”, Benjamín Luna Gómez, quien agregó que la tala de los manglares hace parte de una estrategia para rellenar con escombros los cuerpos de agua, para posteriormente construir sobre ellos. Seguidamente explicó, sin embargo, que este procedimiento cuenta con la participación de grandes inversionistas, nativos del corregimiento y “con la negligencia de las autoridades encargadas del medio ambiente y de la planeación urbana”, afirmó. “Por lo general —prosiguió—, la idea es buscar a algún nativo de La Boquilla, o habitante de las zonas pobres de Cartagena, para que se interne en el manglar y lo vaya cortando. Pos-teriormente, va rellenando con escombros poco a poco, hasta que logra hacer un terreno de unas medidas considerables. Y cuando tiene cuatro o cinco años de estar viviendo allí, se lo vende a un inversionista. Este emplea a una o dos personas para que lo vivan y defiendan. Luego, lo legaliza, lo extiende hasta donde le dé le gana y termina por construir cualquiera de las grandes obras que están surgiendo en el corregimiento”. Luna Gómez considera que el problema comenzó cuando se construyó el Anillo Vial, se volvieron atractivos los sectores aledaños, compuestos por cuerpos de agua y mangle. “Pero —dice— con las primeras construcciones, aparecieron los escombros que los cons-tructores le facilitaban a los dueños de volquetas de La Boquilla, en vez de enviarlos a la es-combrera Los Cocos, (única autorizada por Cardique en el corregimiento de Pasacaballos), porque eso les ahorraba tiempo y dinero.” Las denuncias El dirigente comunal asegura que la agremiación a su cargo ha venido instaurando denun-cias ante la Inspección de Policía de La Boquilla y ante el Consorcio Vía del Mar, “porque estos últimos tienen, dentro de sus responsabilidades como concesionarios de la vía, controlar y vigilar los cuerpos de agua y los manglares, pero se excusan diciendo que no tienen faculta-des policivas, y por eso no pueden hacer algo”. El “Concejo Comunitario de La Boquilla” infiere que en el asunto de los rellenos “hay al-go de negligencia de parte del alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística, Reinaldo Manjarrez, porque no ha sido lo suficientemente drástico en la restitución de terrenos inva-didos. Uno de estos terrenos, en donde ahora funciona una ladrillera, tiene orden de restitu-ción, expedida por Alcaldía Mayor de Cartagena, desde hace más de ocho años, pero el alcal-de Local no la ha cumplido, por lo cual le interpusimos una acción de tutela por incumpli-miento de fallo judicial”. Al respecto, el alcalde Manjarrez dijo a El Universal que en febrero se estará cumpliendo esa restitución y que se ha demorado, “porque en el proceso había unas inconsistencias, de las cuales la más grave era que no se sabía cuál terreno se iba a restituir, pues ha habido cambios en la zona desde que el proceso empezó hasta esta parte. Ahora, ya estamos clarificando y pronto se cumplirá la diligencia”, anunció el mandatario. Luna Gómez cuenta que los anteriores consejos comunitarios nunca se dirigieron al nati-vo para que evitara prestarse al juego de la tala de manglares y rellenos de cuerpos de agua, “pero ahora estamos dispuestos a hacerlo, con la advertencia de que las leyes que defienden al medio ambiente también imponen sanciones para los infractores, cosa que no se ha cumplido ni para los nativos y mucho menos para los inversionistas”. Sobre las 200 hectáreas de mangle ya destruidos, dice que se han levantado una serie de barrios nuevos como Catorce de Septiembre, Palestina y El Mangle, entre otros que vienen naciendo en las márgenes del Anillo Vial. “Quienes viven en la margen que da hacia la Ciénaga de La Virgen, lo hacen en las peores condiciones higiénico-sanitarias, pero la idea es recibir una fuerte suma de dinero cuando se vaya a construir la doble calzada del Anillo Vial”, manifiesta. Refiriéndose a los anuncios de la Alcaldía de Cartagena, en el sentido de reubicar a las fa-milias que viven entre el mangle, el dirigente comunal opina que “la acción ha sido muy lenta, ya que de 60 familias, sólo han reubicado a siete. Con el programa de la doble calzada, se han metido más familias que esperan recibir indemnización”. Habla el EPA Por su parte, la directora del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), Ruth Lenes Padilla, dijo que esta entidad viene trabajando para educar a los cartageneros res-pecto a los perjuicios que producen los escombros y que hizo un estudio para buscar escom-breras dentro de la ciudad, pero no se encontraron. Igualmente se organizó una reunión con la “Cámara Colombiana de la Construcción” (Camacol) y con los grandes constructores de la ciudad, buscando concienciarlos de que los escombros sean llevado hacia Los Cocos. “Hemos encontrado el compromiso, pero parcial, porque no se ha logrado realmente el efecto que se requiere, de parte de los constructores y Camacol. Sin embargo, insistimos en capacitar a más de cien volqueteros para que, igual que Pacaribe y Urbaser, puedan ser con-tratados para la recolección de escombros”. Agregó que la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, presentó al Concejo Distrital un proyecto de acuerdo que aún no ha sido discutido. En él se piden facultades para la apertura de dos nuevas escombreras. “En el estudio que hicimos, ya detectamos unos nueve sitios po-sibles, de los cuales podría salir una escombrera para el suroccidente y otra para el surorien-te”, dijo. Para Ruth Lenes no son únicamente los grandes constructores quienes infringen las nor-mas de disposición final de escombros, porque éstos muchas veces los depositan en lotes pri-vados, de los cuales la mayoría de las veces son propietarios, pero aún así no están solicitando los permisos al EPA. “Por esa situación, ya hemos abierto investigaciones administrativas sancionatorias. Pero vale anotar que los pequeños constructores, en la madrugada, tiran el escombro en cualquier lado, porque no tienen la paciencia para esperar a que la empresa de aseo se les recoja. Otras veces se los venden o regalan a personas interesadas en rellenar los cuerpos de agua y los manglares, siendo que Urbaser y Pacaribe, si se trata de menos de un metro cúbico, lo recoge gratis”. La funcionaria anotó que su despacho está librando una dura batalla en el Centro Históri-co, en donde algunos constructores están sacando el escombro en la madrugada. “Ya tenemos identificados a unas ocho construcciones en Castillogrande a las cuales les abrimos investigaciones administrativas sancionatorias, porque les parece costoso llevar el es-combro a Los Cocos, pero más costoso resulta tirarlo en la ciudad, porque de todas maneras los cartageneros y los constructores pagamos ese servicio a las empresas de aseo”. Una carga letal El ambientalista cartagenero, Rafael Vergara Navarro, explicó que “los escombros son re-siduos peligrosos que impactan el medio ambiente. Por tal están regulados con la exigencia de planes de manejo que buscan mitigar los daños”. Prosiguió diciendo que “por irresponsabilidad e ilegalidad de los generadores y deficien-cias en el autocontrol y controles de la autoridad, no se cumplen a cabalidad y las consecuen-cias están la vista: la cadena de atropellos a la ley se posibilita al desvalorizar la gravedad del hecho y estimular así el delito ‘tolerado’ de usar los escombros de todo tipo para destruir, usurpar y urbanizar ilegalmente las zonas de bajamar, las vergonzosas invasiones multiestra-to, algunas de ellas acometidas históricamente por el propio Distrito, vía Edurbe. “Con su mal ejemplo, ignoran denuncias amparándose en licencias ambientales de Cardi-que para rellenar —‘recuperar’, dicen— las orillas de los cuerpos de agua, construir canchas de tenis o vender a los particulares las zonas de bajamar que en La Boquilla, por ejemplo, se siguen usurpando; y, gracias al descontrol, urbanizando con el uso de los escombros. El ne-gocio es redondo. “Los constructores —¡increíble!— justifican su irresponsabilidad de no cumplir y contra-tar el transporte a la escombrera Los Cocos, alegando distancia y costos, como si ellos no fueran trasladados al comprador. Y claro, estimulando a los volqueteros que, en las noches e incluso a la luz del día, transportan hacia la Zona Norte y comercializan su carga letal. “Y no pasa nada. Si la autoridad detiene a los volqueteros, éstos alegan su derecho al tra-bajo. La Personería los defiende. Los constructores —soberbios— se imponen; y la autori-dad se niega a tener escombreras bien manejadas en cada localidad, entre otras, porque Car-dique niega el permiso. ¿Cuánto escombro ha llegado a los Cocos? ¿Dónde está el resto? “Un ejemplo tenaz son los miles de toneladas de residuos producidos por Transcaribe con la demolición de la Pedro de Heredia. ¿Para donde van los escombros? ¿Quién es el dueño de ellos? ¿Estarán sirviendo para rellenar en las proximidades de la sociedad portuaria? ¿Dónde están rellenando está permitido? ¿Quién ejerce el control?” Habla el Ecobloque La directora del Ecobloque, Viviana Murra, opina lo siguiente: “Estamos perdiendo uno de los ecosistemas más valiosos que rodean nuestra urbe. La ciénaga y sus manglares, deteriorados y continuamente amenazados por el incentivo a destruir que genera la impunidad de un mercado ilegal de tierras. Impunidad, falta de ley y orden, falta de acciones coordinadas entre las entidades respon-sables, hacen que la tala de mangles y los rellenos de los cuerpos de agua sea imparable. Hay que reconocer los esfuerzos que viene haciendo el EPA por controlar el destino final de los escombros, con sus campañas de sensibilización y penalización dirigida a los que gene-ran este deshecho mortal. Sin embargo, urge complementar esta campaña de sensibilización y sanción dirigida a los que generan los escombros, con acciones sancionatorias a los que privatizan los bienes de uso publico, y mayores esfuerzos para restituir estos bienes, restaurar lo invadido, devolverle al ecosistema de manglar sus playones, zonas inundables y de bajamar. Una campaña para salvar la Ciénaga de la Virgen y de Juan Polo estará siempre corta si los esfuerzos se centran sólo en controlar la disposición de los escombros, pues la impunidad al mercado ilegal de tierras impulsa la creatividad de los interesados en convertir la ciénaga en nuevo suelo urbano”. Dice la Capitanía de Puerto El capitán Erick Guayana, responsable del Litoral y el medio ambiente en la Capitanía de Puerto de Cartagena, dijo que desde 2007, este despacho viene trabajando la problemática ambiental en La Boquilla. “En 2008 desarrollamos una campaña de limpieza medio ambiental con el apoyo de Paca-ribe. Así logramos retirar 1500 metros cúbicos de escombro en diferentes sectores del corre-gimiento. Lo que observamos ahora es que, a pesar de que existen las normas y la escombrera Los Cocos, ese material siempre va a parar a La Boquilla. “A eso le sumamos que comunidades como Marlinda y Villa Gloria están rellenando sus terrenos con escombros como una defensa, ya que se encuentran muy por debajo del nivel del mar y eso hace que sean vulnerables a las inundaciones. “La Capitanía de Puerto reconoce que la problemática es muy grande. Por eso hemos tra-bajado de la mano con la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía, en el sentido de tomar el te-ma desde tres flancos: el medio ambiental con Cardique y con la Fiscalía cuando se encuentra una violación a los recursos naturales. Nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con el bien de uso público. “Esta ha dado resultado en el sentido de darle un dinamismo distinto al proceso de obten-ción de los restituciones cuando hay ocupaciones ilegales.”