El Tribunal Administrativo de Bolívar le ordenó al Consorcioo Vía al Mar y al Instituto Nacional de Concesiones, INCO, que en 20 días proceda a entregar las ayudas económicas necesarias que requiere un grupo de pescadores, que se quejan de estar afectados por la construcción del túnel de Crespo, al que culpan de la disminución de peces y demás especies marinas en la zona.
El Consorcio Vía al Mar alega que cumplió todos los requisitos legales exigidos para el otorgamiento de las licencias y permisos requeridos para la ejecución del Túnel Vial Anillo de Crespo, entre los que se incluye el estudio de impacto ambiental presentado al Ministerio de Ambiente, por lo que está inconforme con el resultado de la tutela.
“...no hay evidencia probatoria que permita inferir que la disminución de la pesca se derive de la ejecución de las obras del proyecto...”, señala una comunicación del Consorcio.
Alega el Consorcio que el Tribunal desconoció los estudios técnicos, tales como el estudio oceanógrafico realizado a partir de distintas inmersiones mar adentro, que demuestran que en la zona de dragado no hay condiciones para la vida marina y que el lecho marino en esa zona ha demostrado altos niveles de recuperación.
A juicio del contratista, los pescadores pueden pescar con normalidad, pues la draga a la cual culpan del supuesto daño está ubicada a 2 kilómetros, mientras que las actividades de pesca son realizadas a 200 o 300 metros de la costa.
Agrega que el Consorcio Vía al Mar que la acción debió ser declarada improcedente, pues la misma persigue el resarcimiento de perjuicios presuntamente ocasionados y no la protección de derechos fundamentales.
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