Demandas por carencia de planes de emergencia

Bolívar es hoy el departamento de Colombia que más afectado se encuentra por las inundaciones, dado la intensidad de la temporada invernal que ha generado el desbordamiento de ríos y demás cuerpos de agua de la región. Cada año la historia se repite y casi siempre son las mismas poblaciones las que sufren con las inundaciones, lo cual ya rebozó la paciencia de algunos habitantes que ante la falta de soluciones definitivas decidieron acudir a los entes judiciales. Ya son varias las acciones populares en curso, en particular contra algunos municipios y entidades del Estado, que cursan en diferentes juzgados administrativos de esta ciudad. Otras se encuentran en el Tribunal Administrativo de Bolívar. Entre las demandas se encuentra una en particular presentada por Diana Albertina Díaz contra el municipio de Talaigua Nuevo, quien exige que en su localidad exista por lo menos un Plan de Vulnerabilidad que permita establecer las amenazas que afronta la comunidad por diferentes aspectos, en especial por las inundaciones. Al no existir aparentemente ese estudio de riesgos, la demandante considera que se violan los derechos colectivos de la salubridad, prevención de desastres técnicamente previsibles, acceso a los servicios públicos, a la vida, entre otros. Esta acción popular cursa en el Tribunal Administrativo de Bolívar y, entre otras peticiones, pretende que dicho municipio tenga listo un plan de contingencia para afrontar situaciones de deslizamientos, erosión, incendios forestales, entre otras amenazas. Dentro del trámite de la acción, el ente judicial ofició al municipio para que rinda un informe si posee tal plan contingencia contra inundaciones, e incluso contra tomas de grupos ilegales armados, voladuras de torres eléctricas, desplazamiento forzado, sismos y hasta por protesta de parte de la comunidad. Si el municipio posee al plan, el ente judicial le ordenó certificar la existencia del mismo y cómo se ha ejecutado. También la Gobernación de Bolívar deberá certificar si esta localidad ha dado cumplimiento a la ley 919 de 1989 que obliga a la implementación de un plan local de emergencia y contingencias. También existen otras acciones judiciales exigiendo la realización de obras para evitar que el río Magdalena o el Canal del Dique siga irrumpiendo fuertemente contra las poblaciones ribereñas, para ello exigen desde dragados hasta la construcción de muros de contención más altos y fuertes.