Denuncian más anomalías en elecciones del Colegio Mayor

La Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena de Indias puso en conocimiento público presuntas irregularidades que rodean el proceso de elección de rector de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Tomás Batista Lamadrid, subdirector del organismo vigilante de gestión pública, interpuso un derecho de petición ante la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, presidenta del Consejo Directivo de la institución tecnológica, para que, en lo posible, las supuestas anomalías sean corregidas y no dejen manto de duda y de ausencia de transparencia en el señalado proceso. HECHOS Según el veedor, la Comisión Verificadora de las hojas de vida no es prenda de garantía, puesto que tres de sus miembros (Lilette Aguas, Carmen Alvarado y Rafael Herazo), resultaron ser subalternos de uno de los inscritos, la actual rectora Marcela Jiménez Mattos, quien es nominadora y superior jerárquico de ellos. Conforme a los hechos que se citan en el derecho petición, en el acta final de la Comisión Verificadora es notoria la falta de objetividad en la evaluación realizada a las hojas de vida de los participantes. Indica el documento que la Comisión asumió competencias que no le fueron entregadas, modificando en el transcurso de la verificación, los requisitos establecidos en el Acuerdo 08 de julio 27 de 2009, por el cual se le dio apertura al proceso de elección del Rector del Colegio Mayor de Bolívar. Batista Lamadrid indica que al revisar la hoja de vida de la participante Dilia Pacheco Doria, quien al parecer no llenó los requisitos, la Comisión decidió motu propio subsanar la situación buscando los documentos faltantes de la inscrita en los archivos existentes en la institución. A su juicio, la Comisión no tenía la competencia para subsanar la ausencia de documentos que por demás, como se desprende del Artículo 2 del Acuerdo 08 de julio 27 de 2009, era obligación de los aspirantes acreditar al momento de la insinscripción. OTRA SITUACIÓN Otro hecho que relaciona el observador ciudadano y con el cual pretende demostrar la modificación en el transcurso de la verificación, tiene que ver con el cambio de los requisitos exigidos en uno de los incisos del citado acuerdo, validando así la inscripción de la aspirante Katia Dumar Bula. De esta manera, la candidata aparentemente prueba haber desarrollado actividades académicas en forma sobresaliente, sin que demuestre lo sobresaliente de las actividades desarrolladas. Algo similar sucede con la inscrita María Leonor Delgado, quien para cumplir con el requisito del mismo inciso, anexa certificaciones de haberse desempeñado como docente en el Colegio Mayor de Bolívar y en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia). No obstante, la veeduría pudo constatar que la institución de educación tecnológica le acreditó a Delgado tener experiencia como docente, puesto que estuvo vinculada por muchos años, pero no especifica si fue de forma sobresaliente. Pese a esto, le validaron su inscripción. Otra supuesta extralimitación de la Comisión tiene que ver con evaluación de la experiencia en Administración de Educación Formal del aspirante Amaury Julio, cuando esta condición no estaba establecida en el acuerdo. FALTA OBJETIVIDAD Según la Red de Veedurías, la presencia de tres subalternos de la candidata y rectora Marcela Jiménez Mattos, le quitó imparcialidad y objetividad a la evaluación. Tomás Batista precisa que “la evaluación de las hojas de vida fue divulgada por algunos medios radiales locales al menos diez días antes de que fueran notificadas o publicadas oficialmente, acompañadas de epítetos que la Comisión colocó de manera sesgada al evaluar los documentos aportados por los candidatos”. El veedor asegura que pueden demostrar que varios noticieros tuvieron en su poder documentos que eran objeto de reserva. Señala que al candidato Amaury Julio le fueron desconocidos documentos presentados en su hoja de vida, la cual esta publicada en la web del Colegio Mayor de Bolívar, con el objeto de descalificarlo. LAS GARANTÍAS La Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena de Indias manifiesta que el proceso de elección de Rector ha adolecido de garantías propias de esta clase de eventos. Se fundamenta en que el acuerdo que convoca la elección fija requisitos cuya valoración queda al arbitrio de los evaluadores de las hojas de vida, sin que pueda haber una cuantificación del cumplimiento de las condiciones. También dice la Red que no se entiende por qué el Consejo Directivo no se ha pronunciado sobre la doble condición de la rectora Marcela Jiménez Mattos, quien dirigió el proceso de elección de algunos miembros de esa misma cúpula directiva, quienes ahora tienen voz y voto para seleccionar de entre un grupo de aspirantes, el nombre del nuevo rector. LAS RESPUESTAS Consultada sobre el tema, la alcaldesa Judith Pinedo Flórez (presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mayor de Bolívar), dijo que el derecho de petición es analizado por la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Érica Lucía Martínez Nájera, para posteriormente dar respuesta. La Secretaria General de la Institución Tecnológica y miembro de la Comisión Verificadora de la hojas de vida, Lilette Aguas Polo, no quiso referirse al tema aduciendo que esa facultad le incumbe al Consejo Directivo. Sobre el aplazamiento de las pruebas de competencias para el cargo de Rector, la funcionaria dijo que pronto se colgará en la página web de la institución un nuevo acuerdo que señala el cronograma a seguir en procura de continuar el proceso. En diálogo con El Universal, sostuvo que la prueba no pudo llevarse a cabo el pasado 13 de octubre, debido a que algunos recursos de reposición han retrasado la cronología del Acuerdo 08 de julio 27 de 2009. Se supo que Carmen Alvarado, quien fuera miembro de la Comisión Verificadora, se declaró impedida para votar la elección del Rector del Colegio Mayor de Bolívar, en la última sesión del Consejo Directivo, donde funge como representante académica.