Con la presencia de la agentes de Policía y de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Reynaldo Manjarrez Muñoz, alcalde la Localidad de la Virgen y Turística, dirigió en la mañana de ayer la diligencia de desalojo de 5.600 metros cuadrados de un lote cercano a Punta Canoa que, según la Dirección General Marítima (Dimar), pertenece a zonas de bajamar.
Los propietarios del lote, Armando Sanchez Yanes y Antonio Sanfeliu Yanes, no asistieron a la diligencia en la que funcionarios de la Oficina de Espacio Público del Distrito derribaron una casa que habían construido hace unos 14 años y un asador.
Según Manjarrez Muñoz los terrenos son recuperados porque la Dimar determinó que estaban en zonas de bajamar. Pero además, la Capitanía de Puerto de Cartagena envió un informe técnico a la Alcaldía Local en el que se certificó que los terrenos son bienes de uso público.
Son varios los terrenos que se han restituido en la zona, entre ellos el de la familia Chujfi, en donde vivían tres mujeres y varios niños, en diciembre del año anterior.
“Nosotros estamos cumpliendo con la restitución que ordena la Dimar. Somos el último eslabón y actuamos con base en los que nos ordena la ley”, dijo Manjarrez.
La casa que se demolió no estaba habitada en la actualidad debido a que quienes fungían como propietarios del predio sabían que se realizaría la diligencia.
Las autoridades dejaron más de 1.000 metros del terreno por encontrarse en una zona determinada como consolidada.
“Un atropello”
Luz Marina Benavides, abogada de Armando Sánchez Yanez y Antonio Sanfeliu Yanez, recalcó que el predio fue adquirido hace unos 15 años a la señora Dellys Hernández y Alcides Jiménez, nativos de Punta Canoa, quienes eran poseedores.
“Tenemos pruebas que el predio no está en zonas de bajamar, sino en un terreno consolidado. Además, no limita con el mar, sino con la ciénaga de Punta Canoa. La Dimar en una resolución posterior a la que esgrime la Alcaldía dice que este terreno no está en zonas de bajamar. Además, ante el Incora en 1995 se hizo el proceso de deslinde de estos predios, lo que indica que es propiedad privada. Estas pruebas no han sido tenidas en cuenta por la Alcaldía”, dijo.
Agregó que se presentó una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho y el año anterior se inició un proceso ante el Incoder para que realice de nuevo el deslinde del terreno y así conocer la legalidad del mismo.
“Esto no es un baldío ni una invasión, es un lote que antes tuvo dueño. Lo que no entendemos es como estos terrenos para la Dimar están en zonas de bajamar y los del vecino, David García, tienen escrituras y aparecen en una zona consolidada. De todas formas, esta pelea se está dando en derecho y esperamos que el Distrito responda por el atropello que se ha cometido”, dijo la abogada.
Agregó que hace años, el señor David García fue desalojado, pero por un fallo judicial sus tierras le fueron restituidas y el Distrito le pagó una millonaria indemnización.
Tierra concesionada
Según Remberto Torres Rico, abogado de Inversiones Gerdts Porto, las tierras recuperadas en la diligencia de ayer y otras de la zona fueron entregadas en concesión por el Ministerio de Defensa Nacional y la Dimar mediante la resolución 356 del 25 de septiembre de 2009 a la sociedad que representa.
La concesión fue otorgada a Inversiones Gerdts Porto por 10 años para la explotación de 226.297 metros cuadrados de tierra en Punta Canoa. Del total de los predios, 100.096.02 m2, correspondientes a playas, y 126,201.05 m2, corresponden a lagunas costeras.
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