Desembargan más de $10 mil millones al Distrito

Más de 10 mil millones de pesos del Distrito, que habían sido depositados en Fiduprevisora y que resultaron embargados hace varios meses, fueron liberados  por petición del alcalde, Campo Elías Terán.
En la tarde del pasado viernes, el Juez Segundo Civil Adjunto ordenó el desembargo, teniendo en cuenta la petición del Alcalde de Cartagena y el respaldo de los abogados Ismael Espitaleta Ramos e Ismael Espitaleta Arrieta, padre e hijo, quienes reconocen que los dineros del Distrito no debieron ser embargados.
Los profesionales del derecho, quienes llevan un proceso contra Fiduprevisora, entidad que le maneja recursos al Distrito, mediante unos fideicomisos, informaron a este medio que el Juzgado Segundo Civil del Circuito dictó sentencia embargando fondos de esa fiducia en noviembre del año pasado.
Según Ismael Espitaleta Ramos,  el proceso ejecutivo se deriva de un título que nació en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena en donde Fiduprevisora confesó que debía $6.000 millones a los señores Alberto y Alicia Villegas López por unos recursos que el extinto Inurbe entregó a esa entidad para que respondiera por la deuda.
La deuda, explica el abogado, se generó porque el Inurbe urbanizó hace más de 30 años unos terrenos de propiedad de un pariente de los hermanos Villegas López donde se levantaron barrios en el Suroccidente de la ciudad.
“Estamos renunciando a todas las posibilidades que la ley nos da para mantener los embargos, ya que Fiduprevisora no ha sido doliente de dichos recursos y le ha tocado al Distrito hacerse parte del proceso para mediante incidente solicitar el desembargo”, explicó Espitaleta.

El proceso
El juicio ejecutivo que correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad sobrepasa los 18 mil millones de pesos y el Juzgado limitó los embargos a esa suma.
El abogado Espitaleta Ramos explicó que Fiduciaria La Previsora tiene, en razón de su objeto social, dinero de personas jurídicas y/o naturales bajo el esquema contractual del encargo fiduciario y por expresa orden de ley, los bienes dados en fideicomiso son inembargables.
Agregó que el problema con el Distrito se presenta porque éste le entrega dineros públicos (oficiales) productos de impuestos, sobretasas o, posiblemente, anticipos destinados previamente para la realización de obras de interés público. “La falla de Fiduprevisora S.A. estriba en que al momento de abrir sus cuentas bancarias no hace en el banco la correspondiente separación o especificación de los dineros que van a dicha cuenta y por ello, al momento de concretar los embargos, el juez encuentra que los dineros incautados por vía legal  son de la entidad y no del Distrito”, explicó el abogado.
“El señor alcalde, doctor Campo Elias Teherán Dix, por intermedio de su secretario de Hacienda, doctor Gustavo Pío Mayo, me solicitaron colaboración para liberar suma superior a los 10 mil millones, ya que ese bloqueo causaba cierto traumatismo en las diligencias administrativas del Distrito. Ante la solicitud del señor Alcalde y de su Secretario de Hacienda, procedí a dar cumplimiento a dicho pedido y encontré un departamento jurídico Distrital distante de la realidad procesal aunado a una actitud de cero colaboración. Tomé la decisión de aceptar un levantamiento de embargo por la vía oficiosa y contra ella no interpuse ningún reclamo para que se consolide el pedido (no del departamento jurídico de la Alcaldía), del señor Alcalde y de su Secretario”.
Indicó que Fiduprevisora S.A., es una sociedad de economía mixta que en razón de un consorcio con Fiduagraria S.A., asumieron la responsabilidad de finiquitar las deudas pendientes del Inurbe (otrora I.C.T.) y que el Gobierno nacional extinguió en el año 2007 y ordenó la constitución de un fideicomiso para cumplir con las obligaciones contractuales pasadas, presentes y futuras y suceder, procesalmente, al Inurbe. “Esa asunción de obligaciones se dejó claramente establecida en un contrato de fiducia y por ello procedí a hacer efectiva esas obligaciones”, recalcó el abogado.
Así va el proceso

Así mismo, el abogado Ismael Espitaleta Arrieta indicó que “este proceso se inició en el juzgado 3 Civil del Circuito de Cartagena, en el cual con sentencia de primera instancia se ordenó rendir cuentas al Inurbe en el orden de los $12.000 millones de pesos. Esta providencia fue atacada mediante recurso de apelación y llegó a las manos de la magistrada Guiomar Porras Del Veccio, quien mediante desafortunada providencia derrotando la ponencia de la Magistrada Emma Guadalupe Hernández Bonfante, decretó la nulidad de todo lo actuado desde año 2002, fundamentada en que la Sala Civil Familia no tenia jurisdicción y competencia, tema por demasía aclarado ante su despacho. El honorable Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá dio punto final a la duda de Giomar Porras Del Veccio, determinando que ella era competente. Hoy la misma magistrada decreta la nulidad de todo lo actuado en una tutela que presenta Fiduprevisora anulando nuevamente el fallo de un juez constitucional de primera instancia y ordenando repartir nuevamente la tutela, llegando otra vez a sus manos”, indicó.
“En síntesis, Fiduprevisora a quien le fue entrado el dinero del extinto Inurbe, está haciendo todo lo posible por no pagar, dejando su suerte a la acción de tutela que acaba de presentar habiendo transcurrido más de seis meses después de la presunta violación a su derecho fundamental”, dijo el abogado.

La plata se invierte
El alcalde, Campo Elías Terán Dix, dijo que la decisión de los abogados se fundamenta en la confianza que genera su administración.
“Esos recursos serán invertidos en la recuperación del espacio público en el centro y Bazurto”, dijo.
Agregó que son más de 10 mil millones de pesos que servirán de mucho a la administración y aunque estaban retenidos injustamente valora la actuación de los abogados, quienes deciden no seguir con el embargo. Aunque aclaró que un juez decretó el desembargo de los mismos.