Desplazamiento de Las Pavas, un fraude al Estado: Fiscalía

A juicio del organismo investigador, se comprobó que ni el Bloque Central Bolívar de las ilegales Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ni ningún otro comando armado al margen de la ley, haya llegado hasta los predios de la finca Las Pavas y causado el desplazamiento masivo de aproximadamente 130 familias.
Precisamente por este presunto desplazamiento una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) empezaron en esa época a exigirle al Estado responder patrimonialmente por este suceso.
Según la Fiscalía General de la Nación, es un caso similar al de la masacre de Mapiripán (Meta), en el que fueron indemnizadas falsas víctimas.
Otra de las pruebas claves de la Fiscalía General es la declaración entregada por Pedro Moreno Redondo, ex miembro de Asocab (Asociación de Campesinos de Buenos Aires, corregimiento que queda en El Peñón), ante la Notaría Única de El Peñón, donde confesó haber mentido cuando denunció, el 7 de mayo de 2009, el desplazamiento masivo de 131 familias de la comunidad de Buenos Aires.

Ordena investigar
En vista de que se determinó que tal caso no sucedió, la Fiscalía ordenó investigar por falsa denuncia a  Pedro Moreno Redondo, ex miembro de Asocab, de El Peñón.
Por fraude procesal el ente investigador ordenó investigar igualmente a Eliud Alvear Cumplido, Etni Torres Moreno, Misael Payares, Guerrero, entre otros líderes también de Asocab.
La medida cobija además varias ONG como el Programa de Desarrollo de Paz Magdalena Medio, Chrestian AID, Fundación Chasquis, Peace Watch Switzerland, Corporación Sembrar, Suipcol, Swisaid, Grupo Suizo de Trabajo por Colombia y Pastoral Social.
Precisa la fiscal general, Viviane Morales, en entrevista concedida a Caracol Radio, que “no hubo un desplazamiento, existen documentos que han permitido comprobar que un grupo de personas estaba negociando el tema del desalojo y estaban fijando el 40% de un acuerdo comercial por el tema de las tierras”.
Según el organismo investigador, el supuesto desplazamiento de 130 familias forzadas por paramilitares nunca fue real y los supuestos campesinos desplazados actuaron porque una ONG los convenció.
Por el supuesto desplazamiento, las falsas víctimas, agremiadas en Asocab, denunciaron a Colombia ante organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, por violaciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario), incluso una tutela de la Corte Constitucional ordenó que los supuestos desplazados regresaran a la finca y recuperaran las tierras.

Habla mininterior
Ante los medios de comunicación, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, califica el hecho de inaceptable y pidió a la Fiscalía adelantar rápidamente las investigaciones.
Dice que las investigaciones Fiscalía permitieron constatar que en algunos casos se están prefabricando víctimas de desplazamiento o de hechos que no lo fueron para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones del Estado.

La decisión de la Corte
Ante este nuevo descubrimiento contra la fe y el erario estatal, el Gobierno considera que la Corte Constitucional fue engañada, la cual en mayo de este año ordenó al fallar una tutela, el retorno a la Hacienda Las Pavas, de las familias supuestamente desplazadas.
Esa tutela fue interpuesta por los campesinos, quienes señalaban que hacía ocho años fueron despojados de sus tierras por parte de grupos paramilitares y al intentar regresar fueron desalojados por agentes de la Policía de El Peñón (Bolívar), al considerarlos invasores.
Ante esta situación el alto tribunal consideró que el desalojo efectuado por las autoridades no estuvo dentro de la ley, ya que en curso estaba un proceso de extinción de dominio del predio Las Pavas.
Por lo tanto, la Corte Constitucional le pidió al Incoder concluir pronto la extinción de dominio, con el fin de brindar estabilidad a las familias desplazadas.
Hoy la Hacienda Las Pavas está en manos de una sociedad de palmicultores, que ha entablado varias acciones legales para continuar con su dominio.

Presidente de la Corte
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, se expresó preocupado por la situación, y anotó que la Justicia tiene mecanismos para enmendar esos errores.
“No hay que entrar en pánico y decir que se está desbarajustando el sistema judicial”, comentó Henao, aclarando que estos casos son excepcionales.
De comprobarse un caso de falsas víctimas del conflicto, el magistrado considera que será necesario hacer un llamado de atención a todas las personas involucradas, como jueces, abogados, las ONG y entidades estatales encargadas de hacer la verificación, para que no se dejen engañar por personas malintencionadas.
Respecto de las tutelas instauradas por personas supuestamente afectadas por ese desplazamiento y sobre las cuales se pronunció la Corte, el magistrado aclara que los fallos siguen vigentes, ya que es necesario esperar a que haya una decisión judicial sobre el tema.
En el caso de las tutelas tramitadas, la Corte sustentó sus decisiones en la situación de desplazamiento que las víctimas habían manifestado y que había sido certificada por Acción Social de la Presidencia de la República.
Advierte el magistrado que también existe un principio jurídico que reza que en caso de que se descubra un fraude sobre un caso, será necesario revisar cada sentencia o decisión que derive de ese fraude.
La justicia colombiana tiene mecanismos para hacer la debida revisión del tema y rectificar los errores a los que haya sido inducida en el caso de Hacienda Las Pavas.