Detenciones domiciliarias, debate que va para largo

Pese a la cantidad de quejas contra la detención domiciliaria –comúnmente conocida como casa por cárcel–, que los jueces de la República determinan para ciertos procesados o penalizados, a sólo una persona le ha revocado tal beneficio este año. La persona perdió esa concesión legal es Ramón Beltrán, alias Calvacia, quien la semana pasada fuera dete-nido por la Policía Metropolitana de Cartagena. Se le sindica de vender estupefacientes y fue capturado en una operación policial en el barrio Bosque, sector Los Olivos, cuando cometía el mencionado ilícito. Al sujeto le encontraron en su pierna derecha un dispositivo electrónico del Inpec. La noticia generó reacciones diversas en la comunidad, en especial de los lectores de El Universal, y entonces resurgió la polémica por la aplicación de la figura penal de la detención domiciliaria. Algunos lectores critican la cantidad de beneficios domiciliarios que reciben personas consideradas de altísima peligrosidad. La mayoría de las criticas, más que contra el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), van dirigidas hacia los jueces penales. Según el Inpec, sobre los reclusos “domiciliados” se ejerce un control de visitas de manera permanente, pero no se tiene certeza de cuántos de ellos violan o han violado dicha condición. El juez decide: Inpec En reciente entrevista concedida a Colprensa (Agencia Colombiana de Noticias), el director del Inpec, coronel Carlos Barragán, explica que la reclusión domiciliaria es un beneficio que reciben internos que cumplan las condiciones exigidas por el Código de Procedimiento Penal. “El juez valora esos beneficios y él, en su autonomía, otorga o no la reclusión domiciliaria. ¡Qué ha habido equivocaciones...! bueno, ese es un tema que tienen que manejar los jueces”. Pese a lo dicho por el Director del Inpec, los lectores reclaman que también hay omisión en la vigilancia que la institución penitenciaria debe ejercer sobre los presos en sus casas, a lo que el coronel Barragán señala que cuando una persona tiene detención domiciliaria, es porque se cree que no va a evadir a la Justicia, y que va a comparecer cuando sea requerida. “Al Inpec le corresponde hacer visitas esporádicas al lugar donde está la persona, y averiguar con los vecinos si se está portando bien, ya que eso es lo que ordena el Código de Procedimiento Penal”, precisa el funcionario. Añade que para controlar de manera adecuada el movimiento de los detenidos en sus casas, está la vigilancia electrónica o de las manillas, “que precisamente son dispositivos para saber en tiempo real dónde están las personas, informando si están o no en su casa, o si se están desplazando”. Considera que por lo menos con el dispositivo logran saber que un recluso se ha movilizado, pero anteriormente, en otros casos no lo sabían, sino 15 días después. Explica el Director que cuando hay una alarma de fuga, lo que se hace es llamar por teléfono a ver si la persona está o no. Esporádicamente se envía a un grupo de hombres a verificar si es que la manilla tiene algún problema, o si la persona se evadió. La fuga de presos se configura 72 horas después, según la Ley, “por lo tanto, si el señor salió de su casa y fue a cine y volvió, no hay fuga. Lo que hacemos es notificarle a la Policía Nacional que hubo esa irregularidad, y este organismo a su vez se lo informará al juez de ejecución de penas, para que decida si mantiene o retira el beneficio”. “Creo que es un tema que debe ser discutido en el Consejo de Política Criminal –prosigue el coronel Carlos Barragán–, para que ahí se proponga que se mejoren esas condiciones en una reforma al Código de Procedimiento Penal”. En Cartagena Durante una audiencia coordinada por la Defensoría del Pueblo en Bolívar, a co-mienzos de este mes (julio), se informó que en Cartagena había 1.956 reclusos hasta ese momento, de los cuales 497 tienen detención domiciliaria en cumplimiento de medidas de aseguramiento, y otros 98 ya estaban condenados, y sus penas las purgaban en sus casas. Se concluyó en dicho evento, que al Inpec le falta personal, pues por carencia de guardianes había problemas hasta para efectuar las remisiones de los reclusos desde la cárcel hasta los juzgados y Fiscalía para cumplir sus diligencias judiciales. Por consiguiente, se carece también de guardias para inspeccionar la totalidad de las casas donde hay detenidos. Hasta marzo de este año, el Inpec había puesto unos 10 brazaletes electrónicos en Cartagena a procesados con el beneficio de detención domiciliaria o libertad condicional, y se iban a colocar otras 200 manillas. Hoy, 25 personas en líos con la Justicia e instaladas en esta ciudad, tienen manillas. Pese a tantos reparos de la ciudadanía en Cartagena sobre la efectividad de las manillas como recurso para hacerle seguimiento a quienes tienen detención domiciliaria, el Inpec informa que no ha habido problema alguno con las personas que tienen este dispositivo, sólo el caso reciente con alias Calvacia. No es culpa de los jueces A pesar de las críticas contra la Justicia, un juez penal del Circuito de Cartagena, quien pidió reserva de su nombre, señala que las leyes no son creadas por ellos, y que no son los encargados de cambiarlas, sino de garantizar que se cumplan. Añade que precisamente la situación ha sido motivo de debates, pero que la violación a las detenciones domiciliarias suceden por falta de seguimiento estricto a las personas que se les concede este beneficio, y no son los jueces los encargados de esa función, sino el Inpec. Considera que la situación se debe a la limitación de personal del Inpec para desarrollar esa tarea, de modo que el debate también se abre en torno de que si se quiere de verdad la resocialización del contraventor de la ley, no es en la cárcel el sitio apropiado, por los múltiples problemas que hay en estos establecimientos. Agrega que no todos los delitos son factibles de que el que los cometa vaya a la cárcel. “No hay que mirar a la persona, sino el delito que cometió”. Pocos brazaletes Es muy pequeña la cantidad de brazaletes electrónicos instalados en Cartagena si se tiene en cuenta la cantidad de personas con el beneficio de casa por cárcel, pero de ser remitidos a prisión todos esos procesados, se generaría un hacinamiento de grandes proporciones en la Cárcel de Varones de Ternera, con las consecuencias graves que eso genera. Según las estadísticas del Ministerio de Interior y Justicia, de las 5.883 personas con medida de aseguramiento que hasta marzo de este año tenían detención domiciliaria, 2.250 incumplían la medida, es decir, el 38,2% burlaba el sistema.