Dian adelanta proceso de remate a cárcel de San Diego

En cualquier momento las 87 internas de la cárcel de San Diego podrían ser lanzadas a la calle.
El inmueble donde funciona la prisión se encuentra en un proceso de remate ante la Dian debido a que su dueño, La Huerta de San Diego S.A. lo entregó a esta entidad como garantía de pago por una deuda de impuestos.
La situación tiene al Distrito contemplando varias opciones de solución entre ellas arrendar, de manera provisional, una locación con las características apropiadas para alojar en condiciones dignas a las internas.
Otra alternativa es hacer una alianza público privado con un oferente que ya ha manifestado su interés en construir la cárcel a cambio que le sea entregado en concesión la operación del penal.
“El Distrito contempla unos gastos mensuales de alimentación, dotación de sábanas y otros suministros que a través de esta concesión se contratarían directamente con el inversionista”, explicó el secretario de Interior Nausicrates Pérez, quien no reveló la identidad del oferente.
Otra solución sería gestionar ante el Ministerio de Justicia la autorización de casa por cárcel para las internas que cumplan los requerimientos para esta medida y una cuarta opción es que el Distrito entre a participar del proceso de remate del inmueble donde actualmente funciona la cárcel.
“Esta alternativa se está evaluando con la Secretaría de Hacienda porque ese predio debe varios años de impuesto predial por lo que se pudiera considerar hacer un cruce de pago con la Dian y lograr que el Distrito se quede con la edificación”, explicó Nausicrates.

En el presupuesto
El director de la Cárcel de San Diego, Manuel Meza Ospino, precisó que la reubicación de la cárcel de San Diego está contemplada en el Plan de Desarrollo del actual gobierno y tiene una partida de 2.000 millones de pesos.
“Tenemos los recursos, pero no hemos podido avanzar. Primero, porque no hemos encontrado un lugar adecuado para arrendar, ni tampoco un lote donde construir, ya que los lugares que se habían considerado debieron ser descartados por estar situados en zonas en las que el POT (Plan de Ordenamiento territorial) no admite que haya cárceles”, expresó Meza.

Un proyecto a pique
Cabe recordar que la cárcel de mujeres de Cartagena estuvo a punto de construirse en el 2009 en un lote que la Policía Nacional donó en el barrio Ternera para este fin, sin embargo una acción popular interpuesta por la comunidad impidió que el proyecto, presupuestado en 16 mil millones de pesos, el cual iba a ser financiado por Fonade, se llevara a cabo.
El problema de la cárcel de San Diego data desde el año 2006 cuando la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela, que luego de tres años de fallos y apelaciones llegó hasta la Corte Constitucional la cual profirió la sentencia T126 en la que se le ordena al Distrito de Cartagena, al Departamento Nacional de Planeación, a la Gobernación de Bolívar, a los ministerios de Interior y de Justicia construir en un término de dos años el penitenciario femenino de Cartagena.
El plazo dado por la Corte ya se cumplió y la situación sigue en las mismas. Además, de que la prisión no dispone de sede propia, el inmueble en el que funciona presenta deficiencias estructurales locativas y sanitarias.
En ese año, el segundo piso del predio debió ser desalojado por la humedad y porque varias placas del techo se habían desprendido debido a la falta de mantenimiento. En la actualidad, la situación es la misma.

No hay hacinamiento
De las 87 internas que alberga la cárcel de San diego, 37 están condenadas y son custodiadas por 18 guardianes. 
“Es importante destacar que en la cárcel de San Diego no hay hacinamiento, ni inconvenientes de convivencia entre las internas, pero sí una necesidad importante de mejorar las condiciones de habitabilidad. Hay que hacer reposición de camas, sábanas y demás enseres.  De parte del Distrito ha existido siempre el interés en resolver la situación. Actualmente contamos con los servicios médicos del Dadis y una unidad de odontología interna, pero requerimos de medicinas para la atención primaria”, expresó Manuel Meza.

Preocupación de las internas
El inminente remate de la cárcel de San Diego tiene preocupadas a las internas que podrían ser repartidas en las diferentes cárceles para mujeres que hay en el país.
Ermina del Valle, interna: a nosotros no nos conviene esto porque nos alejarían injustamente de nuestras familias. A veces, nuestros familiares no tienen siquiera para el pasaje estando en la misma ciudad, imagínese si nos trasladan a otra ciudad.
Lisbeth Hernández, interna: las autoridades deben de tener en cuenta que muchas de las que estamos aquí somos madres de familia, cabezas de hogar, que trabajamos desde el interior del penal para el sustento de nuestros hijos.
Nuris Barrios, interna: la cárcel lleva más de 30 años funcionando en este sitio, yo creo que algún derecho debe haber adquirido el Distrito sobre este predio. La opinión de todas nosotras es que el Distrito se quede con el inmueble y lo arregle para que la cárcel siga funcionando aquí. (Lea más noticias relacionadas con la cárcel de San Diego)

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Historia de la propiedad
El predio donde funciona la cárcel de San Diego fue adquirido por el Departamento de Bolívar mediante sentencia de remate el 10 de enero de 1881 y puesto a la venta en 1995 como una medida para obtener recursos que ayudarán a mermar la crisis financiera que atravesaba la Gobernación en ese entonces. Así las cosas, mediante escritura pública 5003, el Departamento de Bolívar firmó contrato de compraventa con La Huerta de San Diego S.A. por la suma de 1.650 millones de pesos.