Para lograr la salida de esta familia del terreno, donde construyeron una enorme casa, fue necesaria la intervención del alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Amaury Lora, y el gerente de Espacio Público, Adelfo Doria Franco, quienes acordaron con los miembros de la familia Bello Torres un plan de subsidios para la obtención de una vivienda de interés social y una compensación económica en virtud de la actividad económica que desarrollaba la unidad familiar en ese sitio.
En esa vivienda residían 22 personas, entre ellas 7 menores de edad, quienes se verán beneficiados c dos subsidios de $25 millones cada uno y dos compensaciones, cada una por $ 8 millones. Tal propuesta fue aceptada por la familia y su abogado, quienes se comprometieron a entregar el lote ayer en la tarde.
Así mismo, el alcalde menor, Amaury Lora, se comprometió con la familia a verificar su afiliación al régimen subsidiado de salud, que de no hallarse en él se procederá a realizar los trámites para incorporarlos y garantizar su derecho a la salud y seguridad social.
Tanto el alcalde menor como el gerente de Espacio Público lograron pactar que la familia renunciara a interponer cualquier acción judicial contra el Distrito para reclamar cualquier concepto relacionado con el inmueble.
La construcción
En el terreno a desalojar, el Distrito en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura pretende construir el centro judicial para el sistema penal acusatorio.
El proyecto incluye oficinas para la Fiscalía, despachos de jueces penales, del CTI, la Defensoría del Pueblo, la Policía, DAS y todas aquellas instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia penal, al igual que poseerá modernas salas de audiencia.
El Consejo Seccional de la Judicatura esperaba que el Distrito legalizara la entrega del predio para iniciar las obras.
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